La defensa de Puigdemont ha remitido un escrito al juez Llarena en el que resalta que, tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), «ha adquirido plenamente» la condición de eurodiputado desde que se proclamaron los resultados el pasado 13 de junio.
Y como tal, prosigue, está protegido por la inmunidad parlamentaria, lo que hace a su juicio necesario el levantamiento de la orden nacional e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, y el resto de medidas cautelares «en tanto no se obtenga la correspondiente autorización del Parlamento Europeo».
«No hay más caminos», indica el expresident; cualquier otro será «un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español».
Pero además indica que, como no hay «motivo» que justifique la orden de detención, «resulta improcedente solicitar la autorización para ello del Parlamento Europeo».
La defensa de Puigdemont recuerda en cualquier caso que «la mera solicitud» de la autorización no permite «eludir» el levantamiento de la prisión y sostiene que tampoco procede «la adopción de medida alguna privativa de libertad».
Para el expresident, la pretensión de la Fiscalía, que cree que su inmunidad no impide mantener la euroorden y que solicitó al Supremo que pidiese la suspensión de su inmunidad, «no solo es extravagante sino que es grosera, manifiesta y palmariamente ilegal».
Sostiene que la euroorden contra él fue dictada «sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo» y pide levantar el resto de medidas cautelares «por resultar incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición».
Alude Puigdemont al «vínculo» entre el eurodiputado y sus representados, una unión «absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado».
Además de la reciente sentencia del TJUE, también menciona la resolución en la que pedía al Tribunal General que examinase de nuevo la petición de Puigdemont y Toni Comín de reconocerles cautelarmente eurodiputados al considerar que su rechazo no estuvo bien motivado.
Aprovecha también para recusar a Llarena «por carecer de la más mínima apariencia de imparcialidad» y recuerda que afirmó en un escrito que Puigdemont no gozaba de inmunidad, y para reprochar la actuación de la Fiscalía, que a su juicio, busca soluciones que «dicho claramente, no son más que hacerse trampas al solitario».
Y menciona varios precedentes: el del expresidente de Rumasa José María Ruiz-Mateos y el exdiputado de HB Ángel Alcalde Linares (en la lista de terroristas buscados por la Unión Europea por su relación con ETA), a quienes el Supremo levantó las medidas privativas de libertad y pidió suplicatorio.
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