La nueva presidenta de la institución, Pilar Llop, jueza feminista, con un perfil muy diferente al de su predecesor en el cargo, el filósofo catalán Manuel Cruz, será la encargada de pilotar esta nueva etapa en la Cámara de representación territorial, tal y como viene definida en el artículo 68 de la Constitución.
Alejada la posibilidad de una reactivación del artículo 155 de la Carta Magna para Cataluña, el Senado se presenta como un espacio idóneo para el diálogo, el término más repetido por Llop desde que asumió la Presidencia. Un diálogo para una etapa llena de «oportunidades», subrayó ella misma el pasado 20 de diciembre.
Las piezas vienen definidas por los 20 escaños que el PSOE precisa para llegar a la mayoría absoluta de 133 senadores: podría contar con los 13 senadores de ERC y los 10 del PNV, así como con los seis escaños del grupo de Izquierda Confederal.
El PP encabeza la oposición con sus 97 senadores, lo que le hace imprescindible para ciertos acuerdos que exigen mayorías reforzadas, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional; por otro lado, Ciudadanos ha visto reducida su representación a un grupo de nueve senadores.
Un panorama bien distinto del que dibuja el Congreso, donde Vox es tercera fuerza con 52 escaños y Unidas Podemos, con 35, la cuarta.
En el Senado, Vox solo tiene tres senadores encuadrados en el Grupo Mixto y Podemos carece de representación, salvo un escaño de Adelante Andalucía y otro de En Comú Podem.
Con estos antecedentes, fuera de las posibles mayorías que puedan configurarse en el hemiciclo, el Gobierno ya tiene un encargo expreso para el Senado.
Quiere impulsar la Conferencia de Presidentes, que no se reúne desde 2017, cuando todavía gobernaba el PP, y que sirve de foro de encuentro del jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos.
El Senado siempre ha sido su sede y, aunque debería tener periodicidad anual, han pasado ya casi tres años sin convocarse.
También debería ser anual el debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, pero han pasado casi 15 años desde la última vez que se celebró, en 1997.
El portavoz socialista, Ander Gil, ha recordado recientemente que ese fue el único que ha tenido lugar con el PP en el Gobierno, y ha recriminado a este partido que no haya mantenido un «debate fluido» con las comunidades autónomas desde el Senado, por lo que considera una «hipocresía» que ahora lo defienda su líder, Pablo Casado.
Más allá de esta cita, la Comisión General de Comunidades Autónomas, exclusiva de la Cámara Alta, es el ámbito natural de debate entre el Gobierno y los representantes de las autonomías.
Pero en los últimos años su actividad ha sido mínima, tanto en la XI y XII legislaturas, cuando el PP todavía tenía mayoría absoluta, como en la breve XIII, cuando era el PSOE quien la disfrutaba.
En un hemiciclo ya sin mayorías absolutas, el PP quiere ahora recuperar el papel de esta comisión, donde quiere llevar debate de la financiación de las comunidades autónomas para conocer sus desajustes «con luz y taquígrafos», en palabras del portavoz del grupo popular, Javier Maroto.
Una ofensiva que no convence al PSOE; Ander Gil se muestra «muy sorprendido» por la «repentina» defensa del PP de las comunidades autónomas cuando Vox, socio suyo de gobierno en algunas de ellas, quiere, enfatiza, «desmantelar el estado de las autonomías».
Entre tanto, la presidenta Pilar Llop, jueza especialista en violencia de género, pretende dar una mayor dimensión social a la Cámara Alta, que quiere abierta a todos los ciudadanos, los 365 días del año, y ocupándose de los problemas que más les afectan.
El feminismo, la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista figuran como prioridades para Llop, quien en su primer discurso nada más ser elegida presidenta aludió también al respeto al medio ambiente como otro de sus grandes retos.
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