Fue la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) la que presentó un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que aprobó el mencionado plan, por lo que ahora este departamento ha sido condenado a «reparar el daño causado» con una sanción que asciende a 1,6 millones de euros, según el cálculo realizado por la asociación conservacionista.
La sentencia establece que el Gobierno autonómico debe presentar un programa de recuperación del lobo ibérico, que promueva su conservación y la divulgación de la importancia de esta especie.
A través de un comunicado, la Junta de Castilla y León ha anunciado que los Servicios Jurídicos están estudiando si interponen el recurso de casación previsto para estos casos, aunque ha anticipado que se debe tener en cuenta la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León aprobada en marzo del pasado 2019, aunque está pendiente una nueva modificación por la amenaza de inconstitucionalidad de esta norma, con recursos actualmente en tramitación.
Para Ascel, esta sentencia sirve para declarar «ilegal la muerte de hasta 173 lobos en Castilla y León», por lo que ha considerado a través de un comunicado que la resolución determina que las especies protegidas no pueden tener consideración de cinegéticas.
Esta asociación ha opinado que la sentencia del TSJCyL es «clara, lógica e inapelable», además de acabar con «la ficción de la caza de una especie protegida», por lo que ha añadido que la futura Ley de Caza que prepara la Junta de Castilla y León queda «fuera de juego».
Los conservacionistas han calificado de «desolador» el panorama normativo de Castilla y León en materia de caza y en concreto del lobo, ya que «desde el 2010 todas las normas emanadas de la Junta para cazar lobos son ilegales», por lo que la compensación prevista es, en palabras de Ascel, «un cambio de rumbo histórico».
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