El partido de Santiago Abascal denuncia en la querella por un presunto delito de tráfico de influencias que, entre el 20 de diciembre y el 3 de enero, cuando se negociaba la investidura, miembros del Ejecutivo y la entonces ministra dieron «instrucciones políticas» a la Abogacía General del Estado para que avalara la inmunidad del líder de ERC, actualmente en prisión.
Concretamente, Vox denuncia que se ordenó que el escrito de alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que reconocía la inmunidad de Junqueras como eurodiputado, se adaptara a las exigencias de ERC para que Sánchez formara Gobierno, directrices que fueron cumplidas, «tal y como han denunciado los propios abogados del Estado», según el partido.
«El objetivo de esta actuación fue cumplir las expectativas y mandatos políticos trasladados por el Gobierno de España, por conducto de Delgado, en la expectativa de una recompensa futura o por temor a un hipotético cese», afirma.
Recuerda al alto tribunal que la abstención de ERC resultaba «imprescindible» para que Pedro Sánchez pudiera sacar adelante su investidura.
Vox argumenta asimismo en la denuncia que el partido independentista tuvo conocimiento del escrito final de la Abogacía del Estado antes de que se hiciera público.
Por eso, su grupo parlamentario ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la elaboración del texto definitivo.
Según explica, el 30 de diciembre los abogados del Estado Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey remitieron al Supremo el escrito de alegaciones, que «contenía las indicaciones políticas dadas por la entonces ministra de Justicia» y que «satisfacían las exigencias de ERC».
Vox también ha presentado una querella contra estos tres abogados del Estado por los delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.
Además ha denunciado que la Abogacía del Estado continúa intentando que «se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por rebelión que se encuentran, en este momento, fugados de la Justicia y fuera del territorio español», intentos que no responden a «criterios técnicos-jurídicos, sino a instrucciones políticas».
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