Tras varias semanas de negociaciones marcadas por las diferencias sobre la aplicación del pin parental o la eliminación de las subvenciones a sindicatos y empresarios, los tres partidos han alcanzado un acuerdo que permitirá aprobar las cuentas regionales en la Asamblea Regional sin incorporar ninguna enmienda al proyecto de Ley que apruebe el Consejo de Gobierno.
Respecto al pin parental, los tres partidos han incorporado como primer punto del pacto, que contiene 12 epígrafes, un texto muy similar al firmado por PP, Cs y Vox en octubre de 2019 para desbloquear los presupuestos andaluces de este año.
Así, se establece que “se impulsará la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias a la participación de sus hijos en actividades complementarias, establecido a tal efecto por la consejería de Educación y Cultura, en base a los preceptos consagrados en la Constitución”.
Hay que recordar que la consejería del ramo emitió en agosto de 2019 unas instrucciones en la que establecía que era necesaria la autorización de los progenitores para que sus hijos asistieran a estas actividades, que son obligatorias y evaluables, algo que Juan José Molina, el portavoz parlamentario de Cs, socio de gobierno junto al PP, criticó en la Asamblea Regional.
Precisamente, Molina ha remarcado hoy que su formación “no ha admitido cambios sobre su postura en referencia a la autorización paterna para la participación en actividades complementarias”, en alusión a la exigencia de Vox de implantar un pin parental mucho más exigente, en el que, además de la autorización de los padres, se publicaba el nombre y la cualificación de la persona que fuera a impartir la charla.
El portavoz de Cs ha asegurado que su partido propone crear una mesa de trabajo en la que se dialogue sobre cualquier petición al respecto, incluidas las medidas actualmente en vigor, en referencia a las instrucciones implantadas a principios del actual curso escolar.
No obstante, ha remarcado que estas propuestas deberán estar amparadas «siempre en el indiscutible» marco de la Constitución, las leyes de educación nacionales y la propia Ley LGTBI regional, que «obligan a impartir las actividades complementarias programadas y aprobadas por el Consejo Escolar de cada centro, incluyendo las charlas sobre contenidos afectivo-sexuales”.
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