Una decena de dispositivos se desplegaron ese día por la mañana, tal y como ha detallado el Ejecutivo al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu en la respuesta a una pregunta escrita.
Los cometidos de tales dispositivos fueron: seguridad perimetral del Valle de los Caídos, seguridad exterior en la basílica, seguridad interior de la basílica, «anti-drones», seguridad en los accesos al Valle, seguridad del transporte en el itinerario hasta el cementerio del Prado-Mingorrubio y un helicóptero.
Además, se movilizaron dos equipos de la policía judicial, otros tantos de desactivación de explosivos y los mismos de la unidad central de explosivos.
Toda esta información la ha facilitado el Gobierno a Iñarritu después de que el pasado 4 de diciembre, al día siguiente de constituirse el Congreso, registrara una serie de preguntas en la Cámara acerca del proceso de exhumación de Franco.
Preguntó el parlamentario vasco por el cronograma del proceso, si existe acta oficial del hecho, por el operativo policial y por su coste.
Preguntó también si se interpusieron denuncias a familiares del dictador por, indica en el texto, «exaltación» de Franco ese día, lo que hubiera supuesto una vulneración de la ley de memoria histórica. Cabe recordar que el féretro salió del Valle envuelto en un emblema de la que se consideró Casa Civil del dictador.
Iñarritu preguntó igualmente si hubo denuncias a algunas de las personas que aquella mañana se concentraron tanto en las inmediaciones del Valle de los Caídos como en las del cementerio al que se trasladó el féretro.
El Gobierno, en el texto, proporciona información sobre el operativo y confirma la interposición de tres denuncias.
El 24 de octubre, agentes de la Guardia Civil, en cumplimiento de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, denunciaron a una persona por «desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones».
Otras dos personas fueron denunciadas por este motivo y por «el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos».
Al comprobar los agentes que con estos elementos identificativos de los cuerpos policiales se podía «generar engaño», procedieron a denunciar a dos personas que los exhibían.
Es en el tipo de operativo en lo que más se prodiga el Gobierno, pues éste no se desplegó sólo el día de la exhumación, traslado y re-inhumación, sino que abarcó también las jornadas anteriores y posteriores.
El 11 de octubre se cerró el Valle de los Caídos, y hasta la víspera del proceso «se estableció un servicio de vigilancia permanente» en la puerta de acceso al Valle, otro en la de acceso a la basílica, otro en el perímetro y uno más con agentes de «paisano» en el interior del edificio religioso.
En cada uno de estos, en cada turno, trabajaron «una media de 20 agentes de seguridad ciudadana, del grupo de información y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)», concreta el Gobierno.
Y desde el 24 al 29 de octubre se movilizaron varios dispositivos para vigilar la entrada al cementerio, su perímetro, los accesos de la basílica y su interior, y aquí fueron empleados, en cada turno, unos 12 agentes.
El Gobierno no da cifras sobre el coste, aunque previamente a la operación lo reveló: unos 63.000 euros.
Estrella Digital