Rull ha sido el quinto exconseller preso en participar en la comisión del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución después de que, anteriormente, lo hicieran Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquim Forn.
En su intervención, Rull ha aseverado que «desde el odio y el rencor no se construye absolutamente nada» y ha defendido que «estas no han sido nunca las herramientas del soberanismo democrático».
Ha asegurado que, pese a su aplicación, no se «sintió» cesado por el 155 y que siguió «ejerciendo» como conseller hasta que se constituyó el Govern de Quim Torra.
En este sentido, ha indicado que ninguna «decisión trascendente» en el Departamento que había dirigido se tomó sin ser comentada con él aun después del 155, pues para él y su equipo «era fundamental dibujar una estrategia conjunta para resistir» la intervención del autogobierno catalán.
Para Rull, la suspensión de la autonomía «acreditó que no había límite» en la actuación del Estado, al que «le son indiferentes los elementos básicos del bienestar de los catalanes».
A juicio del exconseller, sin embargo, «los diques de contención» puestos por él y sus colaboradores en el Departamento «funcionaron razonablemente bien», a pesar de lo cual el 155 comportó perjuicios en la ley de cambio climático, la de puertos o el decreto de energías renovables, según ha indicado.
Al igual que Forn, Rull ha dicho que «lo volvería a hacer, sí, pero en muchos aspectos mejor», pues ha sostenido que «había que llegar hasta el muro y saber qué había detrás: había que saber qué caminos eran plausibles y cuáles inviables».
Entre otros aspectos, ha reconocido que «demasiados catalanes no sintieron como propias las urnas» del 1 de octubre de 2017 y ha animado al independentismo a «reforzar estos elementos de legitimidad democrática».
En el turno de réplicas, Lucas Ferro, de los comunes, ha expresado la solidaridad de su grupo con el exconseller pero ha puntualizado que ha echado de menos «un poco de autocrítica» del anterior Govern sobre los acontecimientos que tuvieron lugar a partir del mes de octubre de 2017 y hasta la aplicación del 155.
A la pregunta de si le consta que, después del decreto que facilitaba el traslado de sedes sociales de empresas fuera de Cataluña, se produjeron «presiones», Rull ha afirmado que «sí que las hubo».
«Sé que a algunas empresas se les dio el plazo de una semana para que trasladaran las sedes sociales, lo que es una vergüenza», ha reprochado Rull antes de precisar que «estas presiones procedían de poderes públicos del Estado en el sentido más amplio de este término».
Carles Riera, de la CUP, ha agradecido a Rull que «haya hablado como un servidor público, como un conseller», mientras que Gemma Espigares, de ERC, ha lamentado que mientras al exconseller se le ha condenado «por no dejar atracar a un barco que tenía que alojar a policías, no se pide responsabilidades a nadie por no dejar atracar barcos en los que hay refugiados».
Por parte de JxCat, Gemma Geis ha puntualizado, en alusión al PSC, que «participar en mesas de diálogo está bien, pero los puentes también se rehacen viniendo a la comisión de investigación del 155 para escuchar a los presos».
Rull ha acabado su intervención con una emocionada mención a sus hijos y esposa, lo que ha provocado que algunos de los diputados presentes no pudieran esconder las lágrimas.
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