En un auto, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha dado por buena, por un defecto de forma, la decisión de la juez instructora de no imputar por organización criminal a los encausados por los preparativos del referéndum, delito que se sumaría a los de malversación, desobediencia, prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos.
La Fiscalía impugnó ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la instructora para exigir la imputación de los procesados por organización criminal, pero el recurso quedó desierto porque el ministerio público no se personó dentro de los plazos previstos para exponer sus alegaciones.
La sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha desestimado ahora un último recurso de la Fiscalía en el mismo sentido, con lo que cierra la vía a que los procesados por los preparativos del 1-O puedan ser citados a declarar de nuevo imputados, en este caso por el delito de organización criminal que pretende el ministerio público.
Pese a que no se les haya tomado declaración por ese delito, la Fiscalía ha recordado al tribunal que aún tiene la posibilidad de acusar por el delito de organización criminal a los encausados en futuros trámites del proceso penal, sea en la fase de conclusión del sumario o en el escrito de calificación previo al juicio, según han informado fuentes jurídicas.
Así lo ha advertido este lunes la Fiscalía en las vistas que se han celebrado en la sección segunda de la Audiencia de Barcelona para resolver los recursos contra el procesamiento de los encausados por la logística del 1-O.
Las defensas, por su parte, se han vuelto a oponer a la imputación de organización criminal -que puede acarrear penas de hasta ocho años de cárcel- y han alegado que no se puede atribuir ese delito a los supuestos organizadores del referéndum, cuando el Tribunal Supremo lo ha descartado en el caso de los líderes del procés.
También en esas vistas los abogados de varios de los procesados por el 1-O han exigido a la Audiencia de Barcelona que revoque la fianza de 5,8 millones de euros que la jueza instructora impuso a los 17 procesados por malversación de caudales públicos en el referéndum.
Los abogados argumentan que la responsabilidad contable por los eventuales gastos públicos del 1-O ya se están resolviendo en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 4,1 millones de euros las sumas que el Govern de Carles Puigdemont destinó al referéndum.
También alegan las defensas que los 5,8 millones de responsabilidad civil, que los 17 imputados por malversación ya depositaron en el juzgado, deberían individualizarse en función de la supuesta responsabilidad de cada uno de los procesados en los gastos del 1-O.
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