En concreto, este decreto ley prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y excesos y contempla la expulsión de cualquier hotel de las islas de los turistas que practiquen el balconing, que se enfrentan al pago de multas de hasta 60.000 euros.
Los partidos del Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol (PSIB, MÉS, Unidas Podemos y Gent per Formentera) han logrado el apoyo de casi toda la oposición (PP, Cs y El Pi).
Los tres diputados Vox han sido los únicos que han votado en contra del decreto de excesos. Su portavoz parlamentario, Jorge Campos, ha sostenido que su partido comparte el objetivo de poner fin al turismo incívico, pero se trata de un decreto ley «discriminatorio» que solo afecta a determinas zonas y que es «chapucero» en su redacción.
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