En su declaración en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de València, Mayor Oreja (hermano del exministro del PP), ha asegurado que él no participó en esa contratación porque no formaba parte de sus competencias, pero que la negociación se realizó con la Fundación «como entidad privada», han explicado fuentes del caso.
El testigo ha dicho que FCC decidió condonar la deuda que la Fundación mantenía con la constructora «previo informe de los servicios jurídicos y administrativos de la compañía», y ha negado contacto alguno con los investigados en esta causa.
En esta causa están investigados, entre otros, el ex president de la Generalitat Francisco Camps y los ex-vicepresidentes del Gobierno valenciano Juan Cotino y Víctor Campos, todos en relación con supuestas irregularidades en la financiación con dinero público de esta fundación creada para la visita del Papa a València en julio de 2006.
El caso se centra en determinar el carácter público o privado de esa fundación -donde participaron la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, además del Arzobispado- y, en consecuencia, si los contratos de la Administración con ella se efectuaron o no legalmente.
El juzgado de instrucción número 5 de València investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración en esos contratos de la visita de Benedicto XVI a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia.
La causa, abierta en julio de 2016, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Este juez se inhibió en favor de los juzgados de València en relación con la investigación de las contrataciones de la Fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción, en marzo de 2014.
La jueza instructora quiere aclarar si las adjudicaciones a la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006 vulneraron las normas generales de contratación y concurso en concurrencia pública.
La construcción del referido altar costó 1,5 millones de euros, 941.165 de los cuales fueron facturados por FCC pero condonados, en forma de donación, cinco años después, según consta en un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat.
Según las estimaciones de la Intervención de la Generalitat, la visita del Papa a Valencia costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros.
José Mayor Oreja estuvo imputado en el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia en una causa -que fue archivada el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial- en la que se investigó posibles irregularidades en las adjudicaciones realizadas en 2007 y 2008 por el Gestor de Transportes y Puertos (GTP), empresa pública de la Generalitat, para las obras del circuito que acogió cinco grandes premios de Fórmula 1 entre 2008 y 2012.
La actividad de ésta (FCC) y otras constructoras se investigan también en el sumario del caso Imelsa como supuestas financiadoras ilegales del PP local que dirigía Rita Barberá en esos mismos años.
Estrella Digital