Así lo ha manifestado la responsable de Educación este martes en el Senado al responder a la senadora del Esquerra Republicana de Cataluña, Adelina Escandell, que le ha preguntado por las medidas que el Gobierno va a adoptar «frente a la censura que implica el pin parental».
Ha recordado Celaá que las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de Murcia a los centros de primaria y secundaria para que soliciten ese permiso parental «han sido objeto de requerimiento por parte del ministerio para que se cumpla la legalidad vigente».
El requerimiento «salió el 17 de enero y el plazo legal para la corrección de sus instrucciones concluye el 17 de febrero», ha recalcado Celaá, quien ha dicho que «a partir de ese momento, si no se han corregido, presentaremos un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el contencioso administrativo con petición de suspensión cautelar de dicho pin parental».
Celaá ha subrayado que las instrucciones del Gobierno murciano vulneran el derecho de los menores a una educación integral, así como menoscaban la capacidad de los centros en el ejercicio de su autonomía pedagógica y la libertad de cátedra de los docentes.
En su pregunta a la ministra, Escandell ha manifestado que, «aunque pueda parecer que el pin parental sea una intención de desviar la atención de los problemas de nuestro país», no se le puede quitar importancia y ha criticado que se ponga en duda «la cualificación profesional» de los docentes.
Una opinión compartida por Celaá, quien ha dicho que «mientras algunos abordamos los problemas reales, otros plantean los molinos de viento tomándolos por gigantes».
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