En las reuniones en las que se ha abordado este asunto nadie ha expresado la más «mínima reticencia o duda» al respecto, según fuentes del grupo popular, que han apuntado que la opinión es «unánime» contra la nueva legislación, que superó su primer trámite con un amplio apoyo parlamentario.
Solo el PP y Vox votaron en contra de esta normativa para legalizar la eutanasia y, durante el debate, acusaron al PSOE de querer ahorrar al sistema el coste de la atención a personas mayores y enfermos crónicos legalizando esta práctica.
El PP ha planteado una ley de cuidados paliativos como alternativa a la del PSOE, que considera que no cuenta con el consenso social ni tampoco es una demanda de los profesionales del sector.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, apuntó en la presentación de esta ley alternativa que no habría libertad de voto ante la normativa socialista ya que el grupo parlamentario tiene una «disciplina de voto y va a regir en la tramitación».
Pero fuentes del grupo han asegurado que ni siquiera se ha planteado esta cuestión porque todos los diputados están de acuerdo en oponerse a la legalización de la eutanasia.
El PP reguló el derecho al voto en conciencia en 2017, cuando incluyó en sus estatutos que sus representantes podrían ejercerlo en aquellas cuestiones que «no formando parte del programa electoral afecten exclusivamente a cuestiones éticas y/o morales que pongan en cuestión sus convicciones más profundas».
Según el artículo 7, referido a los derechos de los afiliados, se admite este voto en conciencia siempre «comunicando previamente al portavoz del grupo correspondiente las razones» que lo motivan.
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