El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios en una reunión que fuentes de Moncloa han calificado de «interna de trabajo interministerial».
Según las fuentes, a la reunión -convocada con anterioridad al anuncio del fallo- han acudido el vicepresidente Pablo Iglesias, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Precisamente el número dos de este departamento, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha afirmado que el TEDH «ha reconocido» que el Estado español «venía actuando dentro de la legalidad» con las devoluciones de inmigrantes.
Tras presidir la segunda Reunión Plenaria de Inmigración Irregular, Pérez ha explicado que no ha podido todavía «estudiar en profundidad» la sentencia de Estrasburgo, pero que ésta «en todo caso determina un marco para proceder legislativamente, y sobre todo para poder realizar una modificación legislativa en el marco europeo».
«Es el mensaje que hemos lanzado desde el inicio desde el Ministerio del Interior en los grupos de trabajo y en las reuniones en relación a la migración, que es un reto que ha venido para quedarse y que no deben afrontarla los Estados de manera individualizada, sino en conjunto», ha añadido.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Yolanda Díaz (UP), ha manifestado este viernes que «no comparte la resolución tomada».
En declaraciones a RNE, Díaz ha manifestado que «estamos hablando de derechos fundamentales y creo que nuestro país debe de estar a la altura de las exigencias», aunque ha matizado que la sentencia se refiere «a un supuesto individual de devolución en caliente que proviene del Gobierno Rajoy y no plantea las devoluciones colectivas».
Con su sentencia, los 17 magistrados de la Gran Sala del TEDH revocaron la condena que impuso a España por la expulsión a Marruecos de N.T y N.D, dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014.
Según el presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), la sentencia es «un apoyo» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que el portavoz del Gobierno ceutí, Alberto Gaitán (PP), ha dicho que «ampara el derecho que les asiste y a la vez la obligación de defender la integridad e inviolabilidad de su frontera».
Por ello, Gaitán ha manifestado que esperan que el Gobierno español «actualice los protocolos y dote de los medios necesarios para el efectivo cumplimiento de éstos».
De Castro confía en que tenga un efecto «disuasorio» porque tras este pronunciamiento judicial, está claro que «entren los que entren, si se dan las circunstancias que prevé la sentencia, se devolverán».
Desde la judicatura, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de carácter progresista, ha pedido al Gobierno que, a pesar de la sentencia, derogue la regulación de las devoluciones en caliente, por ser «prácticas contrarias a los más elementales derechos humanos».
Por su parte, IU cree que «no es permisible que se pueda seguir expulsando a personas en frontera sin que en ningún momento tengan posibilidad de recibir una atención adecuada, una detección de posibles casos de trata o que puedan solicitar asilo” y se ha mostrado partidaria de «establecer vías legales y seguras de entrada al territorio» como la concesión de visados.
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