Considera desacertada la decisión del Ministerio del Interior de que personas que no han cometido delito alguno y que huyen de sus países en unas lamentables condiciones sean «recibidas» en una prisión.
El sindicato recuerda que no es la primera vez que, desde el Ministerio de Interior, se recurre a las prisiones para solucionar el problema de la inmigración.
Comenta que el anterior ministro del Gobierno del PP, Juan Ignacio Zoido hizo en 2017 lo mismo en la cárcel de Archidona (Málaga), ingresando a más de 500 inmigrantes y generando situaciones «conflictivas que terminaron con el fallecimiento de un migrante».
En aquel momento, CCOO compartió la posición del PSOE y su «frontal rechazo» al traslado de inmigrantes a la cárcel de Archidona bajo el argumento de que no eran delincuentes.
Pero ahora, prosigue el sindicato, el ministro Fernando Grande-Marlaska «parece querer repetir el grave fracaso que representó meter a migrantes en la cárcel y ocupar para tal fin la Unidad de Madres del Centro de Inserción Social de Tenerife, que a pesar de haberse finalizado su construcción en 2012, no pudo abrirse por la falta de personal penitenciario».
También indica el sindicato que la unidad de madres de Tenerife es la única para todo el Archipiélago canario, y serviría para el cumplimiento de condenas de las mujeres con hijos menores de 3 años, y embarazadas.
Explica que se construyó porque las mujeres condenadas y sus hijos tienen que convivir en prisión, sin una separación física, del resto de internas.
Por ello denuncia la «doble condena que sufren las mujeres en prisión por la falta de espacios físicos diferenciados y como el desarraigo social se intensifica en un territorio que tiene la consideración de ultraperiférico».
Considera que la unidad de madres debería estar cumpliendo su función «desde hace mucho tiempo. Sin duda, las consecuencias las pagan las madres presas canarias con hijos, a quienes se penaliza por la falta de gestión y diligencia de los responsables penitenciarios».
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