Las demás formaciones políticas han votado en contra de esta propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara, según han explicado, al considerar que supone una limitación de la libertad de cada diputado y del pluralismo político que consagra la propia Constitución.
La toma en consideración de la modificación reglamentaria ha sido desestimada por 190 votos en contra de una mayoría conformada por PSOE, Unidas Podemos, ERC y el PNV, frente a los 148 a favor de los diputados del PP, respaldados por Vox, Cs y Foro.
El diputado del PP Carlos Rojas ha defendido que es necesaria esta reforma para evitar un espectáculo «dantesco» como el del pasado 3 de diciembre, cuando en la sesión constitutiva de las Cortes varios diputados acataron la Constitución añadiendo fórmulas como «por la república catalana» o «por los presos políticos».
Rojas ha dicho que se trata un «zarpazo que se le da a los principios constitucionales al jurar en contra de la Constitución», por lo que el PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por estos juramentos y quiere que se modifique también el reglamento para que «no vuelva a suceder».
El PSOE cree que el objetivo de la iniciativa del PP es «imponer su restrictiva interpretación de la Constitución», ya que no aceptan la pluralidad política ni la diversidad, y expulsar a los que no piensan como ellos porque creen que «hay que echar a la mitad de los diputados que son unos absolutos infieles», según ha dicho Patxi López.
También desde Unidas Podemos, el diputado Rafael Mayoral ha considerado que el PP lo que pretende debatir es «cuántos diputados sobran» en el Congreso, aunque tengan que «cargarse» la sentencia del Tribunal Constitucional de 1990 que admitió el juramento de varios diputados por imperativo legal.
«Váyanse a tomarle el pelo a su prima», ha afirmado Mayoral, ante esta iniciativa que cree que demuestra que al PP no le gusta que prevalezca la libertad de expresión que estableció el TC.
El PP planteaba una reforma del artículo 4 y el 20 del reglamento para que solo pueda adquirir la condición plena de diputado quien preste la promesa o juramento de acatar la Constitución «única y estrictamente» utilizando la fórmula de «juro» o «prometo» sin «ninguna otra expresión que vacíe, limite o condicione su sentido propio».
Los partidos independentistas han argumentado que diputados son aquellos elegidos por las urnas, y no en función de su acatamiento constitucional, e igualmente ven como finalidad del PP «expulsar» del Congreso a los parlamentarios separatistas, según Pilar Valldugera, de ERC.
Valldugera ha dicho que existe una «voluntad de humillación» por obligar a un juramento que es «discordante» con la ideología de estos partidos, mientras que para el diputado de JxCAT, Jaume Alonso-Cuevillas, se trata de una cuestión «absolutamente superflua» e incluso «inconstitucional» en un Estado aconfesional.
Tanto el PNV como EH Bildu han planteado que la mejor manera de acabar con esta polémica por los acatamientos es «eliminar por completo» este requisito, en opinión de la diputada Mertxe Aizpurua, que el parlamentario nacionalista Mikel Legarda ha calificado de «concha vacía».
Por su parte, Ciudadanos ha manifestado su apoyo a la reforma del PP para evitar que unos diputados «faltones» muestren «su voluntad de no acatar el orden constitucional y trabajar para destruirlo», según el diputado Guillermo Díaz, quien ha recriminado al PSOE «dar alas al secesionismo» al admitir esta fórmulas.
Vox ha apoyado también la propuesta popular y ha ido más allá, al reclamar su diputado Ignacio Garriga una «urgente» reforma de la ley de partidos para ilegalizar a todos aquellos «cuya única razón de ser es la destrucción de la soberanía nacional».
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