Así se recoge en la respuesta parlamentaria que el Gobierno ha dado al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, y a la que este martes hemos tenido acceso sobre el citado incidente.
El texto recoge una cronología detallada de lo ocurrido el 27 de diciembre cuando dos diplomáticos españoles, acompañados por cuatro miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que formaban parte del dispositivo de seguridad de la embajada de España en La Paz, se desplazaron a la residencia de la embajadora de México en Bolivia para un «desayuno de cortesía».
Concluida la reunión, los diplomáticos solicitaron al jefe del dispositivo de seguridad que regresaran a buscarlos, momento en el que se produjeron los incidentes que originarían la «crisis posterior».
El Gobierno relata en el texto que, «al intentar entrar los vehículos de la embajada en la urbanización en la que se encuentra la residencia, las fuerzas de seguridad bolivianas les indicaron que tenían órdenes de no permitir su entrada» y que, en paralelo, «personas vestidas de paisano golpearon los vehículos de la embajada e intentaron abrir las puertas de los mismos».
Por su parte, los efectivos de seguridad intentaron evitar la continuación de las agresiones y solicitaron el apoyo de la policía boliviana, que, de acuerdo con el texto, «mostró una actitud pasiva».
Al observar los miembros del GEO que su imagen estaba siendo grabada por varias personas con dispositivos móviles, «optaron por cubrirse el rostro», prosigue el documento, que añade que el equipo de seguridad de la Embajada de España decidió retirarse del lugar, «momento en el que se les bloqueó para impedirles la retirada».
Cuando consiguieron abrirse paso, «un vehículo que pertenecería a fuerzas de seguridad de Bolivia, les persiguió embistiéndoles varias veces hasta que los vehículos de la embajada consiguieron eludirlo y regresar a la sede de nuestra embajada».
El Gobierno de España «lamenta profundamente» que, pese a las explicaciones ofrecidas sobre el motivo y circunstancias de la visita y pese al comunicado que negaba claramente el relato falso aparecido en algunos medios y en redes sociales (en el mismo se acusaba a los funcionarios españoles de querer ayudar a alguno de los asilados a evadirse de la acción de la justicia boliviana), «las autoridades interinas bolivianas dieran pábulo a esas noticias falsas».
A última hora de la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en un comunicado de la remisión a las Cortes de un escrito con los hechos y conclusiones de la investigación, y ha explicado que los funcionarios españoles «siguieron estrictamente las instrucciones recibidas» que, asegura, «no consistían de ningún modo en sacar a asilados de la residencia ni en mantener contacto con ellos».
«Durante la etapa de crisis institucional y conmoción social provocadas por las denuncias de irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre, España ha trabajado con el único propósito de contribuir a la pacificación del país y a que los ciudadanos bolivianos puedan expresar su voluntad en las urnas con garantías democráticas», añade.
Destaca que Bolivia es «un país hermano», desea que las elecciones del 3 de mayo se celebren con «plenas garantías que permitan superar la crisis institucional» y expresa su deseo de «mantener unas relaciones bilaterales que estén a la altura de los vínculos entre ambos países», siempre basadas «en el respeto recíproco por los respectivos ordenamientos e instituciones nacionales».
Estrella Digital