Díaz, que comparece por primera vez como ministra en la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión del Congreso, ha dicho que el SMI seguirá aumentando más allá de los 950 euros fijados para 2020 en el marco del diálogo social.
La creación de la comisión de expertos que debe fijar la cifra exacta del 60 % del salario mínimo que difiere según distintos organismos y sindicatos se enmarca -ha dicho la ministra- en la reciente iniciativa de la Comisión Europea que ha lanzado una consulta preceptiva a los agentes sociales como primer paso para fijar un salario mínimo comunitario.
Díaz también ha avanzado la intención de revisar los incentivos a la contratación para evitar ineficiencias y redundancias e intensificar requisitos adicionales.
La norma, ha expuesto, será primar los contratos indefinidos, a excepción de los destinados a personas trabajadoras con diversidades funcionales.
Respecto a su objetivo de mejorar los salarios, la ministra ha incidido en que «los salarios mínimos protegen» a los trabajadores con escaso poder de negociación y «son un factor que impulsa el crecimiento».
Ha sido tajante al asegurar que «frente a los agoreros que indicaban que la subida del SMI destruiría empleo, resulta que la verdad de los hechos muestra que crea más empleo».
En su opinión, los salarios no pueden reducirse a un coste para las empresas sino que son determinantes del consumo de las familias.
«La intervención pública para mejorar las rentas del trabajo y, en concreto, la subida del Salario Mínimo y el impulso al alza del conjunto de los salarios en base a convenios (un 2,33 % en 2019) está siendo beneficiosa en la creación de empleo», ha reiterado.
La ministra también se ha referido a la prioridad de mejorar las políticas activas de empleo y ha anunciado que se ampliará el reconocimiento a colectivos desfavorecidos-
Así contemplarán familias monoparentales, empleadas de hogar, personas que hayan ejercido la prostitución o las vulnerables por su identidad u orientación sexual, personas emigrantes retornadas, agricultores y los beneficiarios de rentas de reinserción social.
Otra medida es formular y actualizar un Índice Personal de Empleabilidad (IPE) matemático y desarrollar los itinerarios personales de empleo, ligándolos eficazmente al Catálogo Nacional de Cualificaciones.
«Exigiremos orientar todas las políticas de empleo a eliminar la brecha entre hombres y mujeres», ha apuntado.
Asimismo, ha incidido en el desarrollo de una normativa antidiscriminatoria, que asegure la transparencia mediante el registro retributivo y que garantice que los planes de igualdad en las empresas son efectivos.
Junto a esto, también se dará curso a lo largo de este año a la Ley de trabajo corresponsable, que incluye la reforma del régimen de trabajo a tiempo parcial.
Por otra parte, Díaz también ha puesto énfasis en la labor llevada a cabo por el Gobierno de coalición, que, ha remarcado, en 30 días ha hecho «cosas muy grandes» como revalorizar las pensiones, subir el sueldo a los funcionarios, elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o declarar la emergencia climática.
«Habrá tropiezos, pero es un Gobierno que comparte partitura y tiene diferentes músicos», ha asegurado respecto a las diferencias que puedan existir entre los socios que componen el Ejecutivo, antes de comparecer ante la Comisión de Trabajo del Congreso.
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