La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llevado este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que reformará el Código Penal para poner el consentimiento en el centro de la agresión sexual y acabar con la distinción entre abuso y violación, como exige el Convenio de Estambul.
Una reivindicación, la de que sólo sí es sí, que el movimiento feminista ha defendido con ahínco en las calles desde el caso de la violación grupal de La Manada.
Precisamente para tener un gesto con ese movimiento feminista, el Gobierno reservó la semana del 8M para darle el espaldarazo al anteproyecto, pero la precipitación y las presuntas discrepancias entre los dos partidos que componen el Ejecutivo le han robado protagonismo al contenido de una ley integral que aspira a cambiar el paradigma en torno a la libertad sexual y convertir a España en un referente.
Hasta última hora de la noche del lunes, el anteproyecto no estuvo cerrado con las aportaciones de los distintos ministerios y en la misma mañana en que se estudiaba el texto en el Consejo de Ministros, fuentes de Unidas Podemos destacaban que el ministerio de Justicia y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, habían bloqueado con excusas técnicas la ley.
Un extremo que el Gobierno ha negado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: tanto la portavoz, María Jesús Montero, como la titular de Igualdad, Irene Montero, han coincidido al subrayar que la ley de libertad sexual es un proyecto de todo el Ejecutivo y que lo importante es que el grito de «sólo sí es sí» se va a convertir en ley, no el camino recorrido.
Preguntada por estas diferencias, la ministra de Igualdad ha asegurado que el anteproyecto se ha enriquecido durante mucho tiempo gracias a las distintas aportaciones ministeriales y que es una ley «muy robusta» y «de gran profundidad».
«Lo importante no es cómo hemos trazado ese camino para llegar hasta aquí», sino que se ha impulsado una ley «histórica», «valiente y ambiciosa» que presenta el «Gobierno en su conjunto», ha dicho.
En la misma línea se ha prnunciado la portavoz del Ejecutivo: «Una vez que un anteproyecto es aprobado por el Consejo de Ministros es del Ejecutivo, no de ningún departamento en concreto».
Esas discrepancias son «lo normal en estas leyes», según la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Y para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «las discrepancias se tienen que resolver a puerta cerrada».
Ahora bien, Iglesias ha indicado, sin citar nombres, que en las excusas técnicas que se han planteado a este proyecto legislativo «hay mucho machista frustrado».
La ministra de Igualdad ha destacado que esta ley, que contempla la libertad sexual como un bien jurídico y pasa a considerar la violencia sexual como violencia machista, permitirá que los derechos de las mujeres no se pierdan nunca más «en un callejón oscuro» y hará de España «un país más seguro» para ellas.
Así, serán violencia machista, entre otros delitos, agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta, matrimonios forzados, explotación sexual o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual.
En la ley, la definición de consentimiento es que se manifieste libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, la voluntad de la persona de participar en el acto.
Este anteproyecto, que tiene que pasar por la fase de consultas antes de que comience su tramitación parlamentaria, modificará el Código Penal para introducir «un sistema de penas diferente» para los delitos sexuales, basado en el consentimiento, con penas de hasta 15 años para los casos más graves de violación y la introducción del delito de acoso ocasional sexista leve, conocido como «callejero».
Su filosofía es integral y va más allá del aspecto punitivo, al igual que la ley de violencia de género, pues persigue la erradicación de las violencias sexuales mediante la prevención y la sensibilización, y también atender y acompañar a las víctimas y reparar el daño sufrido.
La ley conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con «centros de crisis» que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día, y también la puesta en marcha de un teléfono de atención similar al 016.
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