Según ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado, a las medidas adoptadas en los últimos días, que aplazaban los permisos, los vis-a-vis y las comunicaciones en el locutorio, se suma ahora la suspensión de todos los permisos penitenciarios.
La suspensión de los permisos para trabajar en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario afecta a los nueve políticos presos, aunque hoy el único de ellos que ha salido para acudir a su empresa -con la idea de confinarse a partir de mañana- es el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El exconseller Josep Rull y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez se encuentran aislados por sospechas de coronavirus, mientras que en el caso del líder de ERC Oriol Junqueras, que trabaja como docente en el campus Manresa de la Universidad de Vic, las instalaciones universitarias están cerradas por decisión del rectorado desde el pasado sábado.
Además, los reclusos que ingresen a prisión por primera vez serán internados en módulos separados del resto durante los 14 días siguientes, hasta que transcurra la cuarentena, y está vetado el acceso a los voluntarios de las cárceles.
El objetivo de la medida es evitar que los reclusos que salgan puedan contraer el virus y lo propaguen en el interior del recinto penitenciario.
El Departamento de Justicia ha reducido la plantilla de los centros penitenciarios y de justicia juvenil al 70% del personal encargado de la seguridad interna y al 50% en el caso de los que trabajan en oficinas y programas de tratamiento.
Hasta ahora, solo un interno de la cárcel de Brians y una funcionaria ha dado positivo en coronavirus, mientras que dos reclusos y 16 trabajadores permanecen aislados por sospechas de contagio en sus celdas y en sus domicilios, respectivamente, a la espera de los resultados de las pruebas que se les han practicado.
El preso de Brians contagiado de coronavirus se encuentra ingresado en el pabellón hospitalario penitenciario del Hospital de Terrassa.
Los Departamentos de Salud y de Justicia tienen identificados a los 260 internos de las cárceles catalanas que constituyen grupo de riesgo, porque padecen patologías previas o son de edad avanzada, y sus casos están siendo analizados por especialistas.
En función de las indicaciones de las autoridades sanitarias, los servicios penitenciarios podrán concentrar a todos los reclusos vulnerables en módulos específicos, según ha informado el Departamento de Justicia.
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