Fuentes parlamentarias de dos de los grupos mencionados han coincidido en recalcar que buscarán todos los medios para lograrlo.
Primero en el ámbito parlamentario, por lo que tantearán a otros grupos para calibrar hasta qué punto es posible suprimir esta disposición de un decreto ley dedicado a paliar el severo daño económico que está provocando la crisis del coronavirus.
PP, Vox y Cs se sondearán para hacerlo conjuntamente, lo que implica un acuerdo previo sobre el texto que derogue la disposición del nuevo decreto. Una de las fuentes consultadas aboga sencillamente por volver a la redacción que figuraba en la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, o a un real decreto de febrero de este año.
Aunque los 150 diputados que suman los tres grupos voten lo mismo, no será suficiente, ni siquiera si UPN (dos escaños) y Foro (uno) participan en la ecuación, ya que PSOE y Unidas Podemos aglutinan a 155 parlamentarios.
Si en el Congreso no fructifica la operación, se activará la segunda vía, la judicial, aunque a decir verdad ese viaje ya ha empezado.
Vox anunció ayer la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la disposición del decreto que reformula la Ley del CNI. El PP ha dejado claro que piensa hacer lo mismo.
Ambos grupos pueden dirigirse al alto tribunal porque tienen más de 50 diputados, el mínimo exigido constitucionalmente.
Esta ofensiva de los grupos de la derecha se desplegará tras haber logrado un primer éxito inesperado, tal y como reconocen las fuentes consultadas.
El pasado miércoles, en el Congreso, una amplia mayoría votó a favor de convalidar el decreto, pero no ocurrió lo mismo en la siguiente votación.
Como varios grupos solicitaron que se votara su posible tramitación como proyecto de ley, lo que permite enmendarlo, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, dio paso al procedimiento. Salieron 179 votos a favor y 164 en contra.
Hubo grupos, como ERC, que engrosaron el sector de los votos favorables, para sorpresa de la derecha. Una fuente admite que si ésa fue la intención, Esquerra seguramente buscará enmendar otro aspecto del decreto. «No creo que quieran crear problemas con el PSOE y Unidas Podemos por Iglesias y el CNI», puntualiza.
Precisamente la característica fundamental del procedimiento que comenzará en cuanto la Mesa levante la suspensión de la actividad parlamentaria consiste en que se puede cambiar el texto, aunque al ser por la vía de urgencia, el tiempo para ello es más corto.
PP, Vox y Cs han puesto el foco en la disposición final segunda del decreto mencionado, pues cambia el artículo 6 de la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia para que Iglesias, como vicepresidente segundo, forme parte de la comisión.
La manera en la que el Gobierno procedió al cambio, en un decreto de tanta envergadura que no tiene nada que ver con el CNI, ha indignado a PP, Vox y Cs. Una fuente del grupo popular directamente tacha la maniobra de «politización del dolor».
También ha enfadado la inclusión de un punto como éste en un decreto ley porque, en primera votación, se convalida o se deroga en bloque, sin margen para que haya votaciones separadas de un aspecto concreto.
«El Gobierno, al ver que salía adelante la tramitación como proyecto de ley, ha recibido un varapalo», afirma un diputado.
Y extrañó que el Ejecutivo encarrilara ese cambio en la comisión del CNI cuando en febrero aprobó un real decreto que regulaba su composición. Las fuentes ven una componenda evidente entre Sánchez e Iglesias.
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