Según consta en el real decreto-ley con nuevas medidas económicas publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), podrá destinarse esta parte de las cotizaciones sociales a financiar «cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo» o para programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo.
En la misiva dirigida este miércoles a la ministra de Trabajo, Giménez dice que esta decisión «muestra un nuevo menosprecio del Ministerio de Trabajo al papel que realizan las comunidades autónomas para colaborar a mantener el empleo, al prácticamente eliminar la posibilidad de poner en práctica políticas activas de empleo en su territorio».
«Es conveniente recordar que las cotizaciones sociales forman parte de la renta de los trabajadores asalariados. Dado que los trabajadores pagan la cuota por desempleo para cobrar la prestación del mismo nombre, al destinar la cuota de formación al pago de la prestación por desempleo, los trabajadores están duplicando su aportación para el mismo fin», añade.
Para el consejero, además, la decisión de desviar los fondos de formación a parados supone «una pérdida especialmente importante en un momento tan delicado como el actual, en el que es más necesario que nunca mejorar su cualificación para tener posibilidad de acceder a un empleo».
«La necesidad de reducir el impacto de la crisis pasa por la cobertura de las personas que no tienen renta, pero también por la capacidad de mantener el empleo. Por ese motivo, es necesario dotar de los recursos necesarios a las políticas activas que puedan colaborar a este importante objetivo», insiste.
En un comunicado, ha indicado que esta medida supone que la región dejará de percibir 139,5 millones de euros «para acciones que cada año mejoran la cualificación profesional de 95.000 madrileños» y, por tanto, está «impidiendo que se mantenga el empleo».
El consejero lamenta también que esta medida se haya tomado «nuevamente de manera unilateral» y sin ningún tipo de consulta previa, lo que pone de relieve, a su juicio, el «menosprecio» al papel que hacen las Comunidades Autónomas para colaborar a mantener el empleo.
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