Así ha reaccionado Torra después de que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas denegaran a los presos independentistas un permiso para pasar el confinamiento del coronavirus en sus casas, algo que sí permitieron a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
He dirigit una carta a l’Alta Comissionada de @UNHumanRights, @mbachelet, per denunciar les amenaces del Tribunal Suprem espanyol a les autoritats penitenciàries a l’hora de concedir permisos als presos polítics. No és possible cap mena de justícia a Espanya pic.twitter.com/93bGz6vhgv
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 3, 2020
La Generalitat anunció el martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el Tribunal Supremo advirtió que si se enviaba a casa a los líderes del ‘procés’ los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.
En su carta, Torra subraya que el pasado 25 de marzo Bachelet manifestó públicamente que «ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos».
Según Torra, eso no ha sido posible «cumplirlo» en el caso de los líderes independentistas porque el Supremo «advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal».
«Las amenazas del Tribunal Supremo fueron vertidas porque esta medida afectaría, entre otros, a los presos políticos catalanes que actualmente cumplen condena en dos concretas prisiones catalanas», afirma en su misiva a Bachelet.
Y añade: «Como abogado que soy, estoy convencido de que mantenerles en prisión a riesgo de su salud y poniéndoles en riesgo vital implica una clara vulneración» de varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Estrella Digital