El decreto ha sido respaldado por los partidos que conforman el Gobierno, PNV, Cs, ERC, EH Bildu, JxCat, Más País y BNG, mientras que el PP se ha abstenido y Vox y Foro Asturias han votado en contra.
El texto se tramitará como proyecto de ley, una petición de Cs que ha contado con la mayoría suficiente de la Cámara.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la necesidad de proteger «de manera extraordinaria» a las víctimas de violencia de género y a sus hijos durante el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que la convivencia de 24 horas con el agresor «exacerba los riesgos» de padecer conflictos y situaciones de violencia.
Montero ha recordado que la ONU ha instado a los estados a dar una respuesta inmediata a ese peligro y ha afirmado que el incremento de casi un 50 % de las llamadas al 016 constatan que la violencia machista se produce más y con más vigor.
El decreto ley declara esenciales los servicios de atención a víctimas (como el 016 o los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros tanto para víctimas de violencia de género como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual).
Permite el uso de hoteles y hostales para alojar a estas mujeres, determina que todos esos centros dispongan de equipos de protección individual (EPI) para sus trabajadores y garantiza el normal funcionamiento del sistema de seguimiento telemático de los agresores.
Por último, habilita el mecanismo para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado Para la Violencia de Género con el objetivo de que puedan poner en marcha las medidas específicas necesarias durante esta crisis.
Montero ha asegurado que organismos internacionales como ONU Mujeres han valorado esta iniciativa del Gobierno y querido trasladar a las víctimas de violencia machista «un mensaje claro»: «No estáis solas. (…) Los vecinos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno estamos aquí para ayudaros».
El PP ha criticado que el decreto contemple el incumplimiento de la ley general de financiación presupuestaria con carácter excepcional y la diputada Pilar Marcos ha vuelto a reprochar a Montero que se alentara la participación en las marchas del 8 de marzo.
La diputada de Cs María Muñoz ha subrayado que el confinamiento es una «exposición constante y permanente» de las víctimas al dolor que le infligen sus agresores: «El hogar, que tendría que ser refugio, se convierte en el foco de mayor peligro para muchas mujeres» y esto requiere unidad y el «mayor esfuerzo» de las instituciones.
En ese sentido, Sofía Castañón (Unidas Podemos) ha destacado que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de estado, ha exigido que «no forme parte nunca más de nuestra normalidad» y ha aseverado que quienes rompen el consenso «están rompiendo con principios democráticos básicos».
Vox, en palabras de su diputada Carla Toscano, ha considerado «lamentable» que se hable en el Congreso de violencia de género «con 24.000 fallecidos por coronavirus» debido a que «la maquinaria de propaganda del feminismo marxista no descansa»: «El feminismo sectario y excluyente es la peste roja», ha dicho.
La socialista Zaida Cantera ha denunciado que el confinamiento es un «infierno sin interrupción» para las víctimas de violencia de género y ha asegurado que el decreto «tiende la mano a esas miles de mujeres».
Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha subrayado que es importante no dar ni un paso atrás» y ha calificado las medidas del decreto como «oportunas y necesarias».
Para Isabel Pozueta (Bildu), el texto «se ha quedado corto y es insuficiente» porque es necesario un «esfuerzo específico» para atender a las víctimas del ámbito rural y tanto Laura Borràs (JxCat) como Néstor Rego han incidido en que sin financiación el decreto puede ser papel mojado.
José María Mazón (PRC) ha pedido a Montero que se transfieran fondos a las comunidades autónomas o se les permita un mayor endeudamiento e Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha votado en contra al considerar el decreto «propaganda» y tener una «deficiente construcción técnica».
Tanto el PNV como Ciudadanos han afeado a Montero que se haya tardado tanto en llevar el debate del decreto a la Cámara (casi un mes) y se haya primado que sea la ministra quien lo defienda -ya que estaba en aislamiento por la COVID-19- a la urgencia de la materia.
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