Las elecciones vascas fueron convocadas por el lehendakari para el 5 de abril, pero se tuvieron que suspender el 16 de marzo, apenas cuatro días antes del inicio de la campaña, por la pandemia de coronavirus.
Entonces Urkullu y los partidos acordaron la suspensión hasta que se levantara el estado de alerta sanitaria decretado por el Gobierno Vasco, unas horas antes de que el Gobierno de España decretara el estado de alarma. Aunque el lehendakari es el único competente para la convocatoria, al aplazarlas se comprometió a consultar al resto, lo que hará mañana.
La crisis sanitaria dejó aparcados los comicios hasta que el pasado viernes, en la primera y única reunión de la Diputación Permanente desde la disolución en febrero del Parlamento, el lehendakari sorprendió a los grupos al plantear celebrarlas en julio, sin una fecha concreta todavía, para evitar nuevos aplazamientos hasta 2021 por un posible rebrote de la epidemia en otoño.
La idea de Urkullu y el PNV fue acogida con muchas reticencias por el resto de partidos y ni siquiera su socio socialista la apoyó claramente, aunque tampoco la rechazó.
La principal crítica, sobre todo de EH Bildu pero también de Podemos y el PP, fue la falta de garantías sanitarias para celebrar unas elecciones y la escasa legitimidad de los resultados si una parte de la población, aunque sea pequeña, no puede votar por estar enferma o en cuarentena, además de la posibilidad de que se produzca una abstención récord.
Sin embargo, el plan de desescalada anunciado ayer jueves por el Gobierno allana el camino al lehendakari al establecer para finales de junio, si la evolución de la pandemia sigue la tendencia actual, la entrada en la «nueva normalidad».
Esto permitiría realizar una campaña «aceptable» y una jornada de votaciones, aunque con medidas de seguridad (separación entre los miembros de las mesas, uso de geles hidroalcohólicos, no tocar los DNI…) para evitar contagios, como ha dicho la consejera de Salud, Nekane Murga.
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