Desde este martes, el tema de fondo en la gestión de la pandemia es el plan de desescalada que aprobó ese mismo día el Gobierno y que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia.
Illa, momentos antes de reunirse con los consejeros en el Consejo Interterritorial de Sanidad, no descartaba estudiar algunas propuestas de las comunidades en las que la unidad territorial de referencia para la desescalada no fuera la establecida por el plan: las provincias o, en su caso, las islas.
Pero, siempre que se garantizará la estanqueidad de esa unidad en términos de movilidad, pero además otros criterios epidemiológicos, técnicos, sanitarios y económicos, que se deberán analizar.
En ello se apoyará la Comunitat Valenciana para su propuesta de llevar a cabo las cuatro fases previstas por departamentos de salud o comarcas, en lugar de por provincias. Y se inclinan por los primeros, tal y como ha planteado de nuevo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, este miércoles, aunque lo hizo ya antes de la presentación del plan.
También desde Galicia, el consejero Jesús Vázquez, lo reclama, así como que la movilidad se pueda realizar entre concellos sin casos positivos en los últimos 15 o 7 días independientemente de la provincia.
El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, desde Santiago, también lo ha recalcado y ha dicho además que el plan presenta «algunas luces», pero «muchas sombras».
Feijóo ha sido especialmente crítico con que se haya fijado como unidad para la desescalada un mecanismo administrativo como son las provincias y ha vuelto a insistir en que en Galicia la medida debería ser el área sanitaria.
Ha cuestionado además el criterio de «extender hasta junio» las limitaciones entre provincias puesto que, a su manera de ver, «no tiene ninguna justificación sanitaria ni epidemiológica» dividir algunos pueblos en dos porque administrativamente pertenecen a dos provincias distintas.
Desde el País Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu, también ha rechazado el plan de transición avanzado por Sánchez, como lo ha hecho la consejera de Salud, Nekane Murga, ante el ministro, y lo ha hecho por considerar que en él se plantea un «modelo provincial que supone un retroceso centralizador y una anomalía incomprensible».
Por eso, Urkullu ha pedido al presidente el establecimiento de un diálogo «bilateral» con las instituciones vascas para desarrollar «cualquier plan» de transición de la pandemia en Euskadi.
La portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, también ha insistido este miércoles en la misma idea: que la fase de desconfinamiento se lleve a cabo de manera asimétrica según cada región sanitaria, y no tomando como referencia las provincias.
Por un lado, Budó ha «celebrado» que el Gobierno haya elaborado «un plan por escrito en el que se detallan todas las fases y sectores» que protagonizarán este desconfinamiento, basado en «elementos de justificación de carácter científico».
Sin embargo, Budó ha lamentado que este plan se haya «elaborado sin tener en cuenta a Cataluña y el resto de territorios» y «fije la provincia como unidad territorial del desconfinamiento», lo que a su entender es un «error».
Por su parte, Castilla León considera «injusto» que en su comunidad, con la extensión y dispersión que tiene, se tenga que esperar a que toda una provincia esté sin casos nuevos para poder iniciar la desescalada.
Mientras sigue pendiente de que el Gobierno fije los indicadores y estándares epidemiológicos y sanitarios máximos y mínimos para afrontar la desescalada, ya cuenta con su mapa de 247 áreas de salud en el que casi treinta están en verde, tras siete días sin contagios, con diez que lucen en ese color desde hace dos semanas. Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado a Efe que confían en que el Gobierno acepte su propuesta.
Desde Baleares, mientras, la presidenta del Govern, Francina Armengol, quiere que se permita que, además de Formentera, también Menorca pueda iniciar la fase 1 de desconfinamiento con apertura interna el 4 de mayo, a la espera de que el Consell de Ibiza analice si lo considera oportuno en esa isla.
Si el Ministerio de Sanidad lo autorizara, significaría que estas islas (Menorca y Formentera, e Ibiza si lo admite) se permitirían actividades como contacto social entre grupos reducidos de personas «pero no con las más vulnerables» como mayores y personas con patologías; y se ofrecería al pequeño comercio la posibilidad de abrir, y a las terrazas de restauración en un tercio de capacidad, así como los mercados al aire libre.
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