Con poco más de un millón de habitantes, el Principado ha registrado 279 fallecidos -30 en la última semana- desde que el pasado 29 de febrero se detectara el primer caso positivo, el del escritor chileno afincado en Gijón Luis Sepúlveda, que murió tras 48 días ingresado.
Hasta el momento se han detectado en la región 2.864 positivos -2.303 mediante pruebas PCR y 561 por test de anticuerpos- lo que sitúa la incidencia de la pandemia en una tasa de 225 contagiados por cada cien mil habitantes, sólo mejorada por Murcia, Andalucía y Baleares, y el índice de mortalidad en 27 por cada cien mil habitantes, la mitad que en el conjunto de España.
Todos los fallecidos en Asturias tenían patologías previas y la enfermedad se ceba con los mayores de 70 años de forma que casi el 60 por ciento corresponden a residentes en geriátricos, más de 220 centros de los que 96 han sido intervenidos por la autoridad sanitaria tras contagiarse un 5 por ciento de sus usuarios y que cuatro de cada cinco fallecidos murieran en hospitales.
En los próximos días el Principado espera haber realizado ya test a todos los residentes y profesionales de estos centros al igual que a los 17.000 trabajadores de la sanidad pública, otra de las peculiaridades de la pandemia en Asturias, donde el número de pruebas realizadas, más de 67.000 para un millón de habitantes, se sitúa muy por encima de la media nacional.
«Lo peor ha pasado y estadísticamente puede ser así, pero es altamente probable que se produzca un repunte», advierte el consejero de Salud, Pablo Fernández, que pide planificar de forma «concienzuda» la fase «compleja» de la desescalada tras superar el pico de la pandemia con presión hospitalaria pero sin saturación ni en los ingresos en planta ni en las ucis.
A ello contribuyó, según el consejero, el papel de la Atención Primaria al frenar el acceso a los hospitales de casos sospechosos y mantenerlos controlados telefónicamente en sus casas a personas con síntomas, casi 8.000 en la actualidad y que también serán sometidos a pruebas.
Para volver a la actividad asistencial, Salud prevé volver a concentrar los casos graves en los dos principales hospitales -HUCA y Cabueñes- e ir derivando pacientes leves a espacios externos como el hospital de campaña con 144 camas habilitados en el recinto ferial de Gijón, que aún no sido utilizado pero que estaría lista para ponerse en marcha en menos de 24 horas.
Con estos datos, el Gobierno asturiano ha avanzado ya que pedirá acelerar el ritmo de la desescalada en determinadas zonas rurales aún por definir para que puedan incorporarse antes a cada una de las fases en las que se ha dividido el proceso de regreso a la «nueva normalidad» dado que en 18 de sus 78 municipios no ha habido diagnósticos positivos de COVID-19.
De cara a las próximas semanas el Principado solicitará también que la hostelería y el comercio que tenga dificultades para abrir por las condiciones impuestas durante la desescalada puedan prorrogar los ERTE que aplicaron sin realizar nuevos trámites así como facilitar el acceso a la línea de créditos ICO para autónomos y evitar su «farragosa» tramitación actual.
El Gobierno regional hará esta petición después de después de tramitar casi once mil ertes que han afectado a más de 45.000 trabajadores, casi el diez por ciento de la población activa de una región que, en el primer año con todas sus minas cerradas, ha visto como la crisis sanitaria amenazaba al conjunto de su economía y, en particular, al resto de su corazón industrial.
Aunque la industria superó las dos semanas de hibernación económica total con una interpretación del decreto de alarma que le permitió seguir funcionando bajo mínimos, el peligro se cierne ahora en su principal empresa, la siderúrgica ArcelorMittal, que plantea un ERTE para sus 5.400 empleados en Asturias -más de 8.000 en España- y aplazar sus inversiones.
Al Gobierno asturiano la pandemia le ha obligado a gastar ya 54 millones de euros y prevé perder ingresos por 140 millones por lo que cree necesario conocer ya el nuevo escenario de estabilidad financiera -deuda, regla de gasto y déficit- para relanzar una economía que, según los empresarios, pierde cada día de crisis sanitaria 33 millones de euros y casi 600 empleos.
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