Tal como han informado fuentes jurídicas, la denuncia se ha presentado ante el juzgado de instrucción número 1 de Badalona, el mismo que abrió diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por la alcaldesa de la localidad, Marta Martorell, contra el consorcio que gestionaba el centro, que fue finalmente intervenido el pasado mes.
El escrito presentado por los familiares, suscrito por una quincena de personas, relata la falta de comunicación por parte de la empresa gestora y pone de relieve la ausencia de medidas de prevención para contener el contagio de coronavirus en sus instalaciones, lo que, a su juicio, podría derivar en al menos cinco delitos de homicidio imprudente.
Instan así al magistrado instructor que dé traslado de los hechos al cuerpo de Mossos d’Esquadra para que se abra una investigación policial con la que depurar responsabilidades.
La residencia de Sant Cebrià de Tiana es también una de las que está investigando Fiscalía, que ha abierto diligencias en decenas de centros de ancianos de todo el país para investigar la situación generada por la pandemia, que se ha ensañado especialmente con este colectivo.
La de Sant Cebrià, además, fue intervenida a finales de abril -cuando el número de defunciones por COVID-19 subió a 27- por parte de Departamento de Salud, que transfirió la gestión asistencial al ente Badalona Serveis Assistencials (BSA), mientras que el área técnica y administrativa fue asumida por la Fundación Vella Terra.
De acuerdo con los últimos datos divulgados por el consistorio, actualmente el centro cuenta con cuatro residentes contagiados de coronavirus, uno con síntomas de infección pero que no ha sido diagnosticado y 38 negativos.
Además, desde el lunes cuenta con la calificación naranja por parte de la Generalitat, que certifica así los espacios «sanitariamente controlados».
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