En una providencia, la magistrada Carmen Rodríguez Medel cita para ese mismo día como testigos al secretario general de la delegación, Fernando Talavera; al jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
Todos las comparecencias serán telemáticas, la primera a las 09.00 horas con Franco, imputado por prevaricación administrativa, si bien la jueza da la opción de hacerlas de forma presencial, con los medios de protección necesarios.
Junto a las citaciones, la jueza solicita una serie de escritos y diligencias a la Delegación de Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a la Consejería regional, para antes del próximo 1 de junio.
Así, pide a la delegación que informe de las resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones/manifestaciones dictadas por Franco entre el 5 y 14 de marzo; y de los expedientes que estaban pendientes de resolver cuando el Gobierno declaró el estado de alarma. Todos con copia íntegra de las actuaciones.
También solicita más detalles de las 21 manifestaciones que fueron desconvocadas «bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno» para conocer fechas y cauce.
Y que haga lo mismo con la aplicación informática «Gestión de Concentraciones y Manifestaciones», en la que se dice que «todo queda registrado y archivado con asientos electrónicos», para evidenciar que se dejó constancia de esas 21 manifestaciones.
Al Ministerio se dirige por la recomendación de medidas extraordinarias en relación con el coronavirus del ministro Salvador Illa del pasado 3 de marzo. Quiere saber su distribución o difusión, si fue colgado en la web oficial de Sanidad y saber si fue remitido (día y forma) a la Delegación del Gobierno y a otros ministerios.
Lo mismo pide conocer con el comunicado de la directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, de 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de COVID-19.
E idéntica información sobre con cualquier otro documento que, previo al 14 de marzo, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social haya sido difundido por el Ministerio.
Solicita, además, saber si consta a Sanidad que se haya celebrado con anterioridad al 14 de marzo una Comisión Interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado en la que se tratara la crisis sanitaria, mientras que a la Consejería de Sanidad solicita que informe sobre el día en que fueron publicadas en la web de la Comunidad de Madrid las medidas que se relacionan con la crisis sanitaria.
Por otra parte, la jueza quiere poner freno a las filtraciones periodísticas tras constatar que algunas de las diligencias de investigación «están difundiéndose en los medios de comunicación».
Así, advierte a las partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado, y al personal del juzgado de que «la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal».
Y reitera a la Policía Judicial que «deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan» de modo que sólo se informará a la magistrada.
Estas citaciones coinciden hoy con el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha aludido «pérdida de confianza», sin precisar más motivos, según han señalado fuentes de este departamento.
Estrella Digital