El secretario general de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha justificado esta petición, en declaraciones a Radio Euskadi, señalando que el nuevo contexto sanitario y social generado por la lucha contra la pandemia de la COVID-19 «se va a prolongar durante los próximos meses, probablemente, a lo largo del próximo año y medio».
«Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos, hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi, y eso significa que, cada semana, más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita», ha indicado.
El Gobierno vasco hizo la petición, según ha explicado posteriormente el portavoz, Josu Erkoreka, el pasado viernes, con el apoyo de un informe de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco que desaconseja este tipo de «movilizaciones masivas, relevantes» de familiares de presos a cárceles «muy lejanas» al compartirse espacios comunes en los centros entre personas que provienen de espacios geográficos también distantes.
Ha indicado que el informe indica que «no es muy recomendable» mantener una situación que se acentuará en el momento en el que se levante el estado de alarma y la movilización por las diferentes provincias sea libre.
Ha añadido que este planteamiento incluye a los presos por todo tipo de delitos, no solo por terrorismo, y que no se circunscribe a los presos vascos, «se plantea con respecto al colectivo de la población penitenciaria porque se pueden dar situaciones equivalentes».
La petición ha sido bien recibida por la red de apoyo a los presos de ETA Sare, cuya portavoz, Patricia Vélez, ha indicado que se trata de una noticia «positiva», aunque llega «tarde», ya que «es una demanda que realiza desde hace tiempo la sociedad civil, los sindicatos los parlamentos vasco y navarro y las diputaciones».
También EH Bildu ha considerado que el Gobierno Vasco ha reaccionado «tarde», aunque da la «bienvenida» a la solicitud realizada al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La coalición ha sostenido que el traslado de los presos a Euskadi «es una reclamación compartida por la gran mayoría de la sociedad vasca» y ha añadido que ha trabajado «de manera discreta» para que «sea una realidad».
«En ese sentido, la izquierda soberanista vasca espera que el que se haya hecho pública esta propuesta no obstaculice el que se convierta en realidad y se den pasos decididos en una resolución de la situación que viven presos y familiares», ha recalcado.
La petición ha sido duramente criticada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, que ha calificado de «indecente» que el Gobierno vasco «aproveche» la crisis sanitaria «para reclamar el acercamiento a cárceles vascas de todos los etarras presos y de cerca de un centenar de presos comunes».
Este colectivo ha tachado de «inaceptable» el comportamiento del Ejecutivo autonómico al que ha afeado que, hasta ahora, «cuando exigía el acercamiento de los ‘presos vascos’ a cárceles de Euskadi solo se refiriese a los reclusos de ETA».
Mientras, en el Ayuntamiento de San Sebastián, el PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos se ponían de acuerdo para suscribir una declaración en la que reclamaban la excarcelación de los presos que por su «especial vulnerabilidad» ante la COVID-19, corran mayor riesgo si contraen la enfermedad.
Estrella Digital