La portavoz del grupo municipal de la CUP y denunciante del caso, Laia Estrada, ha informado de que la Audiencia de Tarragona ha denegado los recursos de Ballesteros y de la mayoría de investigados, por lo que el caso irá a juicio.
Aparte de Ballesteros, el juez mantiene como investigados a la concejala socialista Begoña Floria; la exconcejala de Servicios Sociales Victòria Pelegrín; y al exjefe de gabinete del alcalde Gustavo Cuadrado.
También irán a juicio el exgerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) Antonio Muñoz; el socialista Alejandro Caballero, contratado por la empresa Iniciatives i Programes (Inipro) y la técnica del IMSS, también vinculada al PSC, Enriqueta Aznar.
Sin embargo, la Audiencia archiva las actuaciones sobre una funcionaria municipal y cuatro personas contratadas por Inipro.
Ballesteros está investigado por prevaricación, malversación, alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, fraude, soborno, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública.
La CUP denunció un contrato del 2010 entre el IMSS e Inipro para un servicio de atención a los emigrantes, que se prorrogó los años 2011 y 2012 en vez de volver a convocar un procedimiento de adjudicación.
La instrucción del juzgado número 1 de Tarragona muestra indicios de que Inipro, en vez de hacer los trabajos por los que fue contratada, hizo labores a favor del PSC y Estrada se ha felicitado de que el caso llegue a juicio.
Por su parte, el abogado de Ballesteros, David Rocamora, ha relativizado la desestimación de los recursos porque «no entran en el fondo» y ha deseado «llegar a juicio cuánto antes».
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