Este grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa tras conocerse el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, después de que este Cuerpo remitiera a la jueza que investiga la manifestación del 8M y su posible incidencia en los contagios del coronavirus COVID-19 un informe muy crítico con la gestión del Gobierno.
Los diputados de Vox explican que «la Guardia Civil y la Policía Nacional dependen del Ministerio del Interior y que la Policía Judicial es una unidad especializada e integrada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tiene como misión la persecución de determinados delitos y el auxilio a la Administración de justicia».
Vox advierte de que en la actualidad, según el artículo 30.1 de la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «la organización de la Policía Judicial corresponde con exclusividad al Gobierno, que podrá oír al Consejo General del Poder Judicial y al fiscal general del Estado».
Comenta que de esta forma se da la paradoja de que «si bien la Policía Judicial está sujeta a una dependencia funcional de jueces, tribunales y miembros del Ministerio Fiscal su dependencia orgánica corresponde al Ministerio del Interior, es decir al Gobierno».
Para Vox «esta insana interrelación de poderes lleva en la práctica a situaciones de grave injusticia moral, poniendo en manos del Ministerio del Interior una tentadora herramienta para tomar decisiones arbitrarias que penalicen la actuación independiente de la Policía Judicial cuando los intereses del poder ejecutivo no coincidan con el deber de esclarecimiento de delitos del judicial».
«De esta manera se produce un grave conflicto en la actuación del correcto desempeño de la Policía Judicial, impidiéndole cumplir con su obligación de actuar con absoluta neutralidad política, temiendo ser conminada por el Ministerio del Interior cuando su actuación no respalde la política del Ejecutivo», recalca.
Añade que «de igual modo esta dependencia gubernativa permite la contaminación de las investigaciones criminales por parte del poder ejecutivo a través de sus mandos policiales y políticos dando lugar a enfrentamientos con jueces y tribunales».
Por todo ello Vox pide al Congreso que inste al Gobierno a que modifique la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional de jueces y fiscales y a que dote a los juzgados y a los tribunales de sus propias unidades de Policía Judicial adscritas de forma permanente.
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