Borràs compareció ayer ante la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso para presentar sus alegaciones ante el suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo para investigarla por presuntos delitos cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes.
En su comparecencia, Borràs negó ser culpable de los delitos que se le atribuyen y denunció ser víctima de «persecución política» como independentista, con informes de la Guardia Civil «inventados».
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Borràs ha explicado que la CUP le ha trasladado «en privado» la propuesta de abandonar su escaño para que esas presuntas irregularidades sean investigadas hasta el fondo en un tribunal ordinario, pero la portavoz de JxCat en el Congreso no considera que sea una solución óptima.
«Para impedir un juicio sin garantías hay que votar que no al suplicatorio», ha recalcado, porque si se aprueba se le levantará su inmunidad como diputada y podrá ser juzgada por el Supremo.
Según Borràs, «si no se quiere que haya un juicio que ya se sabe que será injusto, hay que preservar esta inmunidad», porque «está fuera de cualquier duda» que «no se producirá» un juicio justo.
Borràs ha insistido en que no piensa renunciar a su acta de diputada, como le sugiere la CUP, porque tiene «la conciencia muy tranquila».
Y si dejase su escaño, ha alertado, el mensaje que se trasladaría «a las cloacas del Estado» sería el siguiente: «Continuad haciéndolo porque es efectivo, porque cuando apuntáis a una persona y le construís casos con informes falsos de la Guardia Civil, el efecto es que esta persona se aparta».
Borràs ha dicho que no puede «pedir» a ERC y a la CUP que voten en contra del suplicatorio, porque cada grupo es libre de votar lo que considere oportuno, pero ha insistido en que lo que está en juego en esa votación es si se levanta su inmunidad para que «pueda tener un juicio justo».
A Borràs se la acusa de haber facilitado, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, la adjudicación presuntamente irregular de una serie de contratos a un amigo por valor de casi 260.000 euros, por lo que podría haber delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.
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