Estos han sido los dos temas más relevantes de la decimocuarta y última reunión telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos autonómicos, en los que también se han abordado otras preocupaciones, especialmente la de las limitaciones a la movilidad, sin necesidad de activar nuevamente el estado de alarma en el caso de rebrotes.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las primeras en proponer al Gobierno planes nacionales para esos eventuales nuevos contagios, y otro específico en el aeropuerto de Barajas ante la próxima apertura de fronteras.
Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, de no haber un criterio común para actuar ante rebrotes, estaría dispuesto a recurrir a la justicia ordinaria para cerrar municipios o provincias. También ha apuntado la necesidad de ampliar la legislación sanitaria para que el Ejecutivo central pudiera limitar movimientos pero sin llegar a activar nuevamente la alarma.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado que el Gobierno haya manejado hasta «cuatro criterios de reparto» distintos para los 16.000 millones del fondo no reembolsable, y ha pedido que se reconsidere el último fijado, para que sean los utilizados en el modelo de financiación autonómica actual, que daría a su Comunidad al menos 110 millones más.
Igualmente, el lehendakari, Iñigo Ukullu, ha pedido «claridad» en materia de disposición de recursos y capacidad de endeudamiento que va a tener Euskadi y concretar un marco financiero «de certeza» en el Estado, para poder acometer la reconstrucción de la economía tras la pandemia.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha pedido que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que el impacto de la pandemia de coronavirus «se traduzca en una justa distribución de fondos, tanto para el COVID como para la financiación de los servicios públicos».
Otra partida económica que preocupa son los fondos europeos, y en este sentido el presidente asturiano, Adrián Barbón, ha reclamado que ese dinero no compute ni en la regla de gasto ni como déficit, medida que permitiría agilizar la ejecución de esas partidas, que el Principado debe adelantar primero, encajarlo en las reglas fiscales, para posteriormente recibir el reembolso por la Unión Europea.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha celebrado la próxima apertura de fronteras, especialmente con Portugal; y ha reflexionado si a partir del día 21 la ley permitiría en un momento dado tomar decisiones de restricción de movilidad amplia, pues la norma se hizo para confinar a una persona o una familia, no aun país o una región.
La jefa de Ejecutivo navarro, María Chivite, ha hecho un llamamiento a la «prudencia» en el escenario de «nueva normalidad» que se avecina, aunque también ha valorado positivamente que se reabran las fronteras, sobre todo con Francia, y se ha felicitado por el trabajo que se está realizando para fijar los protocolos de actuación que garanticen un regreso seguro a las aulas.
Desde Valencia, Ximo Puig, ha destacado que es momento de levantarse tras tres meses de confinamiento, aunque ha reconocido como fundamental la «detección rápida» de los casos y el rastreo de contactos ante la inminente apertura de fronteras y el levantamiento de las restricciones de movilidad en unos meses donde el turismo se antoja vital para la reactivación económica de esta comunidad.
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha celebrado la decisión de abrir las fronteras y ha asegurado que el adelanto del reinicio del turismo no supone un contratiempo para el plan piloto de corredor seguro con Alemania que comenzará a aplicarse mañana, con el que se proyectaba traer a las islas a 10.900 visitantes germanos en la segunda quincena de junio
Más allá ha ido su homólogo canario, Ángel Víctor Torres, quien ha abogado por que se concedan incentivos fiscales a quien se quede en la UE para hacer turismo.
Más cauto se ha mostrado el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha exigido un protocolo «garantista» para no «importar» casos con la apertura de fronteras, y ha abogado por tener «información de origen» de estas personas para saber que no están infectadas por la COVID-19.
Por su parte, Quim Torra, ha exigido que toda la región pase desde esta misma semana a la fase 3, sin esperar siete días más. También ha criticado la gestión del Gobierno durante esta crisis sanitaria para, finalmente, reclamar los 15.000 millones que, según el Govern, Cataluña necesita para no verse asfixiada.
El Gobierno de Cantabria ha anunciado que decretará a este «martes o miércoles» el levantamiento del estado de alarma para adelantar al viernes, 19 de junio, la movilidad entre comunidades limítrofes que están en fase 3, como País Vasco, Asturias y La Rioja.
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha prometido «diálogo, consenso y justicia social» para superar esta crisis y se ha comprometido a trabajar sin que «nadie se quede atrás» durante la reconstrucción social y económica.
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