Tras el parón por la pandemia, las peticiones presentadas por escrito presentan además un «notable e indeseable retraso», ha explicado en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha desgranado los informes sobre los indultos concedidos en 2018 y 2019.
Con una media de 2.000 expedientes elevados cada semestre al Consejo de Ministros, los concedidos se mantienen por debajo del 1 %, en línea con los últimos años. En 2018 sólo se otorgaron 17 y en 2019, 39, concentrados en el primer semestre porque no se concedió ninguno con el Gobierno en funciones.
Se trata fundamentalmente de personas condenadas por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública y no hubo ningún indulto a condenados por violencia de género o delitos contra la Hacienda pública, ha explicado el subsecretario.
Varios portavoces le han preguntado por las peticiones de indulto para los condenados por el proceso soberanista catalán, pero se ha limitado a señalar que todavía no se están tramitando.
El diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha reivindicado la propuesta que ya formuló su partido la pasada legislatura para que sean excluidos de la posibilidad de indulto los delitos como la sedición y la rebelión
«Quienes han sido condenados por delitos de sedición tienen que saber que atentar contra el orden constitucional tiene un precio que se paga caro», «a quienes dicen que ‘lo vamos a volver a hacer’ hay que contestar diciéndoles que no habrá perdón posible, y eso se hace con reforma de la ley», ha manifestado.
La diputada de VOX Patricia de las Heras se ha manifestado en el mismo sentido, mientras que, en el polo opuesto, Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat), abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha animado al Gobierno a perder el «miedo» y los «complejos» en la concesión de indultos y Carolina Tellechea (ERC) se ha manifestado a favor de la amnistía.
También se ha reprochado al Ministerio de Justicia la concesión de dos indultos a cargos públicos o políticos, pero el subsecretario ha destacado que se contó con los informes favorables tanto el tribunal sentenciador como de la fiscalía.
Y no siempre ha sido así, porque no son vinculantes. Tenían los dos informes favorables el 44 % de los indultos concedidos en el primer semestre de 2018; el 87 % de los otorgados en el segundo semestre; y el 77 % del primer semestre de 2019.
En dos casos el Gobierno otorgó la medida de gracia con ambos informes en contra, una decisión sobre la que ha llamado la atención Ciudadanos y que también ha defendido el subsecretario, al recordar que se trata de una decisión de gracia que corresponde tomar al Consejo de Ministros.
Sobre la opinión de las víctimas, ha apuntado que solo 7 de los perjudicados por las 56 personas indultadas se opusieron a la medida.
El diputado de Podemos Roberto Uriarte ha tachado de «intolerable» que los indultos siguen concediéndose en base a una ley de 1870 con «reminiscencias de épocas arbitrarias» y ha criticado la baja tasa de concesiones, al considerar que se está vulnerando el mandado constitucional de reinserción.
La portavoz de Voz, por su parte, ha calificado el indulto de «institución anacrónica que pisotea la separación de poderes» y ha denunciado en concreto el concedido al alcalde de Alburquerque (Badajoz), Ángel Vadillo, condenado por amenazas y obstrucción a la justicia cuando era primer edil socialista de la localidad.
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