En la sesión de control al Govern en el Parlament, el titular autonómico de Interior ha asegurado que «en cuanto se sepa quién es el autor y los encubridores, en ese momento se producirá la expulsión inmediata del cuerpo de los Mossos d’Esquadra. No habrá ninguna complicidad ni con el racismo ni con la xenofobia», ha dicho.
La consellería de Interior y los Mossos han cambiado de destino a seis agentes del área de recursos operativos investigados por un juez de Manresa por proferir presuntamente insultos racistas a un joven, al que en 2019 llamaron «mono» y «negro de mierda».
Este supuesto caso de racismo en la policía catalana se destapó este lunes después de que SOS Racismo hiciera público un audio en el que se escucha presuntamente a un agente de los Mossos profiriendo insultos racistas a un joven -que lo grabó con su móvil- el 10 de enero de 2019 en Sant Feliu Sasserra (Barcelona), durante un desahucio.
En la sesión de control de hoy, los diputados Marc Parés (Catalunya en Comú Podem) y Maria Sirvent (CUP) han coincidido en destacar que hay «un problema de brutalidad policial» en el cuerpo de la policía autonómica y han afeado que los investigados no hayan sido expulsados, sino simplemente trasladados de departamento.
Buch ha defendido que tras la primera denuncia de los hechos, hace un año y medio, se empezó una investigación interna sin que la familia aportara el audio de la agresión verbal y supuesta agresión física al joven, una grabación que en una posterior denuncia al juzgado de Manresa sí se ha aportado como prueba.
El conseller ha dicho que el audio es «espeluznante» y que cuatro horas después de escucharlo ya tomó medidas inmediatas.
«Cuando se da un hecho así se actúa», ha defendido Buch, quien ha apuntado que no puede simplemente expulsar del cuerpo a los seis mossos presuntamente implicados sin que antes el juez identifique «quiénes de ellos son autores, cómplices o incluso si estaban allí».
«No se puede juzgar a alguien sin un juicio previo. No se puede actuar como poder ejecutivo, legislativo y judicial», le ha replicado Buch a la diputada de la CUP Maria Sirvent, que le exigía que les suspendiera «automáticamente» de sueldo y cargo.
«Hasta que se establezca por la justicia la culpabilidad clara de cada uno, que se está investigando, lo que hemos tomado es una medida preventiva ante una conducta tipificada como grave, y esa gente está en oficinas ya, no va a estar en la calle».
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