La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos), ha hecho este planteamiento en una comisión parlamentaria en la que se ha comprometido a que estos niños y niñas tutelados tengan la mejor atención.
Canarias los debe atender «como hijos e hijas propios», con «acompañamiento educativo», enseñanza de español y contribuyendo a su integración e inclusión en la sociedad, ha defendido Santana.
Pero ha añadido que «un Estado plurinacional y solidario» no debe dejar sola a Canarias en este cometido y por eso este será uno de los asuntos que se planteará en la próxima comisión bilateral con el Estado, en la que se hablará de inmigración.
El Gobierno canario ha dispuesto dispositivos de atención a menores en Moya, Telde, en Sardina del Sur, Arucas y La Aldea, entre otros lugares, siempre con el apoyo de cabildos y ayuntamientos.
La consejera ha criticado que las pruebas oseas que se realizan a los inmigrantes cuando llegan a las costas para determinar si son menores de edad, algo que compete a la Delegación del Gobierno, se hacen de forma muy lenta en la provincia de Las Palmas, a diferencia de lo que ocurre en Santa Cruz de Tenerife.
Ese retraso genera problemas a la comunidad autónoma, porque se aloja inicialmente como menores a personas que luego resultan ser adultas.
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