La proposición no de ley parte de un texto del PNV finalmente pactado con el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Junts per Cat y Ciudadanos, en tanto que el PP no ha participado del acuerdo porque no se incluía a las funcionarias de prisiones.
La iniciativa insta al Gobierno a elaborar, en un plazo de seis meses, un informe sobre la situación de la población reclusa femenina en las cárceles del Estado que, junto a las medidas oportunas para introducir la perspectiva interseccional de género en la política penitenciaria, será presentado ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
El informe «contemplará las deficiencias existentes en materia de atención psicosanitaria, laboral, formativa y lúdica así como la situación de las instalaciones carcelarias, los módulos de maternidad, la ausencia de seguridad y de protocolos de igualdad y conciliación», todo ello «con el objetivo de favorecer la igualdad y el trato diferenciado de las reclusas», según el texto pactado.
Durante el debate de la proposición, celebrado ayer martes, todos los grupos, salvo Vox, se mostraron a favor de la idea de elaborar el citado informe, ya que falta perspectiva de género en las prisiones al ser centros pensados para hombres en los que las mujeres sufren «discriminación», llegando a ser «invisibles».
Algunos grupos, como PP y Ciudadanos, hicieron hincapié en la necesidad de mejorar también la situación de las funcionarias de prisiones, y en general de este colectivo, otorgándoles el estatus de agente de la autoridad.
Carla Toscano, de Vox, se opuso a una iniciativa «que no tiene sentido» ya que «no va a solucionar en absoluto las condiciones de la mujer», y sostuvo: «Menos feminismo de pacotilla y más trabajar por los problemas reales de la gente».
El diputado proponente, Joseba Andoni Agirretxea, destacó al defender la proposición no de ley que hay 54.530 hombres en cárceles frente a 4.441 mujeres, por lo que «los centros penitenciarios y sus políticas de integración están pensadas para hombres», y las presas sufren discriminación.
Añadió que solo hay cuatro centros penitenciarios de mujeres, y en el resto comparten espacio con hombres y llegan a «denunciar sensación de inseguridad en las zonas comunes», donde hay condenados por violencia machista, y no acuden a talleres educativos o sociales, todo lo cual lleva a una «doble victimización».
Además, en muchos casos en las cárceles se les atribuyen «tareas propias del género femenino», como trabajar en la lavandería, según Agirretxea.
Estrella Digital