El estudio, realizado conjuntamente con la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), señala asimismo que el 62% de la población española y el 87% de la población portuguesa considera que cometer un delito ambiental es injustificable.
Asimismo, existe cierta inclinación a mostrar una actitud más crítica hacia los delitos contra especies más carismáticas y hacia los incendios intencionados.
En este ámbito, el 100% de la población reconoce «la gravedad de matar un lince pero no otras especies igualmente amenazas como algunas serpientes, mariposas o lagartijas».
Según las dos entidades, para la investigación se hizo una extensa revisión de más de 350 referencias bibliográficas de publicaciones científicas o informes técnicos sobre la delincuencia contra los hábitats y la flora y la fauna del mundo.
De acuerdo a las 350 referencias, las motivaciones son de tres aspectos: psicológicos, sociológicos, ambientales y criminalísticos de delitos que incluyen tráfico ilegal de residuos, incendios forestales intencionados, talas ilegales, caza y pesca ilícitas.
Asimismo, contrabando de especies de flora y fauna, tenencia de especies protegidas de fauna, comercio y tenencia ilegal de productos derivados de especies protegidas o la liberación de especies exóticas invasoras.
Para el análisis de la situación en España y Portugal se revisaron 258 sentencias judiciales por infracciones contra la fauna a lo largo de las dos últimas décadas con el objetivo de conocer el perfil de los autores y su ámbito sociocultural.
Asimismo, se realizaron encuestas a 1.300 personas y se consultó a más de 50 personas expertas en la investigación de estos delitos.
Entre los factores económicos, que pueden ser comunes a gran parte de los delitos, las creencias o un espíritu elitista, están detrás de las motivaciones para cometer los delitos ambientales.
El estudio señala que la mayoría de los delitos ambientales «son cometidos por hombres y entre las motivaciones están: las económicas, de creencias, de tradiciones, por disconformidad con las normas o de apoyo a conflictos armados».
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