El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el real decreto ley por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 para las comunidades autónomas y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento, que comenzará en julio con el reparto de los primeros 6.000 millones para sanidad.
Un día después de su aprobación por el Consejo de Ministros, entra en vigor la nueva norma que supondrá el reparto de un crédito extraordinario por un valor total de 16.000 millones de euros a las comunidades.
Los principales criterios para la distribución del fondo serán el número de hospitalizaciones, el número de ucis, el número de pruebas PCR y la población protegida equivalente a efectos del gasto sanitario.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que el reparto definitivo por comunidades no se aprobará oficialmente hasta el mes de julio a través de una orden ministerial.
El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, estima que la Comunidad de Madrid recibirá 3.400 millones de euros, la autonomía más beneficiada, según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debido a que ha sido una de las más afectadas por la pandemia.
«Es una financiación adecuada que venía siendo urgente que se produjera, y que agradecemos que finalmente se haya producido después de muchas semanas reivindicándola al Gobierno de España», ha dicho Aguado, que ha señalado que esta cantidad ayudará a la región a sufragar los costes para gestionar la pandemia del coronavirus, y que se utilizará «de la forma más ágil posible».
La otra comunidad más afectada, ha sido Cataluña, que según el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, recibirá 3.200 millones, una cantidad que considera «insuficiente».
«Necesitamos que este fondo se amplíe hasta los 25.000 millones solo para hacer frente a las necesidades en materia presupuestaria», ha asegurado durante la sesión de control al Govern celebrada este miércoles en el Parlament.
Aragonès ha explicado que los criterios de distribución finales, que no son los mismos que se anunciaron en un primer momento, perjudican a Cataluña, que recibirá menos recursos de los que preveía.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado «un enfado, entre el 0 y el 10, de 10», porque el Gobierno no haya convocado la Comisión Mixta del Concierto Económico para tratar sobre el reparto de los fondos.
El real decreto establece que Euskadi participará en el reparto de 11.000 millones del fondo Covid-19, pero no en los 5.000 millones destinados a compensar la caída de la recaudación porque tiene un sistema fiscal propio como Navarra.
La exclusión del País Vasco de este tramo de ayudas podría suponer que el Gobierno autonómico contara con entre 100 y 200 millones menos, según las primeras estimaciones del Departamento de Hacienda y Economía.
El Departamento de Pedro Azpiazu ya expresó la víspera su «rotunda disconformidad con el planteamiento unilateral» del gabinete de Pedro Sánchez. y reclamó una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abordar esta cuestión «de forma bilateral».
Este miércoles el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado «un enfado, entre el 0 y el 10, de 10» por el hecho de que la Comisión Mixta no se haya convocado con anterioridad y ha vuelto a pedir una reunión, no tanto para reclamar la participación en esos 5.000 millones, sino para que «se replantee la capacidad de endeudamiento y el incremento del objetivo de déficit de Euskadi para compensar esa no financiación y la caída de la recaudación».
Por su parte, el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado que las tesis valencianas trasladadas al Ministerio de Hacienda y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido «intensamente aceptadas» con relación a esos fondos para paliar los daños del virus ya que el criterio que ha primado, el poblacional, «se aproxima claramente al lugar que pensamos que es justo».
La Junta de Extremadura, que estima que la región recibirá más de 200 millones de euros del Fondo COVID-19, ha reiterado que el reparto definitivo de este dinero no reembolsable es «equilibrado y razonable».
Preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta y consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha insistido en que el reparto definitivo de este fondo es «más equilibrado y razonable del que se planteó al principio y que tuvo también el reparo de la Junta de Extremadura».
Sobre las críticas que ya han surgido en torno a los criterios de distribución y libramiento de este reparto por parte de Cataluña y País Vasco, ha mostrado su respeto por lo que puedan manifestar otras comunidades autónomas «que a lo mejor incluso tienen una situación más privilegiada o tienen más recursos que las que se denominan comunidades pobres».
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