Esta es una de las medidas preventivas relativa a la nueva normalidad que publicará mañana el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en un número extraordinario, en la primera jornada tras finalizar el estado de alarma por el COVID-19.
En función de cómo evolucionen la situación epidemiológica, algunas de esas medidas se pueden flexibilizar, según ha explicado Vergeles en una rueda de prensa.
Para ello usarán la clasificación que ha establecido la Organización Mundial para la Salud (OMS), de eventos de riesgo alto, moderado y bajo.
Si los datos son buenos permitirán los de riesgo moderado y bajo, ha avanzado el consejero, que ha precisado que los de alto riesgo son los multitudinarios que reúnen a personas de varias regiones o países, que no están sentadas, que en ocasiones no pueden guardar la distancia social y en los que puede haber aglomeraciones, como los festivales de música.
Vergeles ha explicado que un evento de bajo riesgo es en el que las personas están sentadas y se puede guardar la distancia de seguridad.
El DOE detallará mañana una larga serie de medidas de prevención por sectores y generales, como el aislamiento social en caso de sospecha de un positivo, la distancia social de 1,5 metros, la higiene, la ventilación de espacios y el pago con tarjeta.
Para ingresar en un centros residencial será necesario que la PCR sea negativo, según ha apuntado Vergeles, que ha indicado que el decreto-ley aprobado ayer también establece medidas en materia de lavado de ropa trabajo, ascensores, aire acondicionado y uso de salas comunes en las empresas, entre otras.
El decreto establece tres tipos de confinamiento, en caso necesario: núcleos poblacionales, pisos o viviendas y de residencias de mayores.
Vergeles ha pedido la colaboración de la ciudadanía ante la llegada de la nueva normalidad, ya que ha advertido de que el virus no se ha ido y que hay que «mantenerlo a raya» hasta que haya un tratamiento efectivo o una vacuna.
En caso contrario, ha advertido, habría que aplicar el régimen sancionador que establece la Ley de Salud Pública de 2011, que van desde los 1.000 euros a 1,2 millones.
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