El Govern, a través del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), ha externalizado en la empresa Ferroser, filial de Ferrovial, el trabajo de seguimiento telemático de contactos estrechos de los nuevos casos de COVID en Cataluña, un contrato que adjudicó sin concurso y por la vía de urgencia, amparándose en las medidas de emergencia del estado de alarma, y que ha generado críticas en el terreno político y malestar entre la comunidad sanitaria.
Tanto es así que la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha abierto la puerta a «modificar» esta decisión y rescindir el contrato con Ferrovial, pese a que ello implicaría el pago de salarios y de una indemnización a la empresa adjudicataria por un importe que podría superar el millón de euros, según han explicado a Efe fuentes conocedoras de la negociación.
El Govern ha mantenido ya contactos con responsables de Ferrovial para analizar cómo se puede revertir dicho contrato con la menor penalización para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la empresa ya ha contratado a unos 230 trabajadores encargados de hacer el seguimiento telefónico de personas que han tenido contacto estrecho con personas que han dado positivo de coronavirus.
En plena polémica, Ferrovial ha puesto sobre la mesa su propuesta: ofrece al gobierno catalán la posibilidad de «no romper» el contrato, sino dejarlo «en mínimos», hasta que la eventual aparición de un rebrote haga necesario activarlo de nuevo.
A cambio, la compañía, que también gestiona en Cataluña el teléfono público de consultas sanitarias 061, rechaza reclamar una indemnización, han indicado a Efe las citadas fuentes.
Se trata de «llevar el contrato a mínimos», dejarlo «en stand by», lo que permitiría tener preparada la estructura de personal necesaria para actuar en caso de urgencia ante un brote.
El contrato de Salud prevé el pago de entre 5,1 y 14,6 millones de euros a Ferrovial -sin IVA- en función de la evolución de la pandemia en Cataluña y la contratación de entre 230 y 800 trabajadores con funciones administrativas.
En el mejor de los casos, en que el seguimiento de las personas que han estado en contacto estrecho con nuevos casos positivos se pueda hacer con una plantilla mínima, el importe del contrato sería también el mínimo, mientras que si se tuvieran que activar todos los profesionales previstos, en el peor de los escenarios, la cuantía a pagar por la Generalitat sería la de esos 14,6 millones, IVA a parte.
Desde el 1 de junio trabajan ya haciendo el seguimiento telefónico de los casos de contacto estrecho con los nuevos contagiados de coronavirus unas 230 personas formadas y contratadas por Ferrovial, que tiene además un grupo de 350 adicionales, pudiendo llegar hasta los 790 trabajadores preparados para actuar en las próximas semanas en caso de que se produzca un rebrote.
En caso de que se lleve a cabo la suspensión del contrato, como propone Ferrovial, estos 230 ‘rastreadores’ iniciales perderían su trabajo, con la indemnización pertinente y el cobro de los servicios prestados, y pasarían a formar parte del retén de profesionales listos para activarse cuanto antes en caso de necesidad.
«Lo importante es que no se rompa el contrato, sino que se mantenga en mínimos. En la medida en que no se da un servicio, la empresa solo cobraría por ese mínimo fijado y no hay por qué preocuparse por la indemnización», subrayan las fuentes consultadas.
De esta manera, insisten, se garantiza que Cataluña pueda dar una respuesta rápida ante la posibilidad de que un rebrote, como el que ha tenido lugar en Pekín o Alemania, obligue a contar con personal preparado para hacer un seguimiento de los contactos de los nuevos casos positivos.
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