Ribera ha aceptado la invitación del director general de la OIT, Guy Ryder, para formar parte del Consejo Consultivo Internacional, creado por el organismo especializado de Naciones Unidas, según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático.
En una misiva, Ryder agradece a España su «liderazgo y empeño para situar los empleos y los medios de vida como elementos centrales de la respuesta mundial ante el reto del cambio climático» y pide a la vicepresidenta Ribera que forme parte del Consejo creado para poner en práctica estas premisas.
«La OIT aguarda con interés la oportunidad de colaborar estrechamente con usted para realizar acciones de gran alcance en el ámbito del cambio climático, fomentar la justicia social y promover el trabajo decente y la transición justa», manifiesta el director general de la OIT en su carta.
La OIT ha invitado además a formar parte del Consejo, que ya cuenta con un mandato, a otros ministros y altos funcionarios de la Organización Internacional de Empleadores y de la Confederación Sindical Internacional.
La iniciativa Acción Climática por el Empleo es un programa mundial impulsado por España y Perú por encargo de Naciones Unidas y ejecutado por la OIT, que tiene como objetivo «proporcionar una hoja de ruta clara para poner en marcha planes de transición justa a nivel nacional a través del diálogo social, creando trabajo digno y empleos verdes».
Ribera ha agradecido la invitación y subrayado «el impulso decidido dado a la Acción Climática para el Empleo».
Asimismo, la ministra ha señalado que para el Gobierno de España «es un honor contribuir a que la transición hacia una economía neutra en carbono se lleve a cabo de manera justa e inclusiva, ofreciendo oportunidades de empleo para los territorios y trabajadores afectados».
Según el Ministerio, el Gobierno de España ha puesto en marcha el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo adscrito al Miteco.
Entre otras cuestiones, el ITJ «gestiona y tutela la preparación y ejecución de convenios de transición justa, en consenso con las administraciones regionales y locales, empresas y sindicatos para garantizar el mantenimiento del empleo y la dinamización de la económica e industria de los territorios afectados por la transición».
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