El Gobierno ha examinado, en primera lectura, un anteproyecto de ley para modificar dicha normativa, con el fin de avanzar en los pasos para fomentar un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios (agricultores, industria y supermercados), según ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El ministro ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que el anteproyecto “amplía los productos” afectados por la normativa, así como el número de prácticas comerciales consideradas desleales, como por ejemplo, las relativas a las cancelaciones de contratos, y, además, “incorpora sanciones” a la Ley.
El Ejecutivo ya modificó esta ley a principios de año, en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, en todo el país, en las que denunciaron la crisis del sector y reclamaron precios justos por sus productos.
El anteproyecto presentado este martes se basa y traspone una directiva europea; establece que tendrá cobertura comunitaria cualquier transacción -entre los operadores de la cadena alimentaria- que en parte se haya producido en España.
Amplía los productos cubiertos por la ley, porque no solo serán los primarios -agrícolas y ganaderos- sino también los alimentos transformados.
Asimismo, extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios.
En cuanto a las prácticas comerciales desleales, el Gobierno amplía las que están dentro de una “lista negra”, prohibidas, y las que forman parte de una “lista gris”, es decir aquellas que pueden ser toleradas si se han reflejado en el contrato, en los acuerdos entre las partes.
El anteproyecto incorpora nuevas infracciones sancionables y recoge como tales la totalidad de las prácticas comerciales vetadas.
Entre las leves destacan la cancelación de un pedido de perecederos dentro de los 30 días previos a la entrega; y la devolución al proveedor, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos, según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un comunicado.
Como graves se incorporan el incumplimiento de la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección y la obstrucción de los inspectores.
El anteproyecto será objeto de informe por parte de las Comunidades Autónomas, el sector y la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.
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