Así lo ha defendido la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en la Comisión de Defensa del Congreso, donde ha expuesto este lunes las estadísticas de exportación de material de defensa en 2018 y 2019, que ascendieron en total a 3.720 y 4.042 millones de euros, respectivamente.
A preguntas de los grupos parlamentarios EH Bildu y ERC tras publicar eldiario.es que el Gobierno pasó de suspender los contratos de venta de armas a Arabia Saudí en 2018 a multiplicarlos por 30 en 2019 y superar los 390 millones de euros en exportaciones, la secretaria de Estado de Comercio ha dicho que no ha habido cambio de criterio para vender ni a ese país ni a otro de la Liga Árabe.
«Más bien, lo que ha habido es el cumplimiento escrupuloso en cada caso de la normativa española, que se encuentra a la vanguardia de las normas de control de la exportación», ha incidido Méndez, que ha subrayado que, de detectarse desvíos del material a otros países, «se podrían suspender o revocar de modo formal las exportaciones».
Y ha dicho no tener constancia de que se esté usando en Yemen material procedente de España, a diferencia de lo que sostienen organizaciones no gubernamentales.
Ha remarcado además que el conflicto en Yemen es una preocupación esencial para la JIMDDU -el órgano encargado de controlar las exportaciones de armamento español- y que por ello se han reforzado las garantías, al tiempo que ha recordado que los países de la Liga Árabe no están sometidos a ningún tipo de embargo por parte de la ONU ni de la Unión Europea.
La venta de armas para usarlas contra población civil en Yemen llevó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a paralizar la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí en otoño de 2018, aunque finalmente el Gobierno anunció que mantendría el contrato ante la amenaza del país árabe de cancelar la compra de fragatas al astillero público Navantia.
La primera de esas fragatas, según ha anunciado este lunes la secretaria de Estado de Comercio, estará lista previsiblemente en 2021, pero no cuenta por el momento con el permiso de exportación porque el otorgado en 2015 ha caducado, de modo que Navantia tendrá que solicitar una nueva licencia que «será analizada con todo rigor de acuerdo con los principios del tratado de comercio de armas».
Méndez ha remarcado que el contrato de construcción de las cinco corbetas asciende a unos 1.800 millones de euros y supone mantener unos 6.000 empleos directos e indirectos durante cinco años, lo que lo convierte en «clave» para garantizar la sostenibilidad de la empresa pública en San Fernando y Puerto Real en Cádiz.
Según los datos detallados en la comisión por la secretaria de Estado de Comercio, en 2018 cayó la exportación de armas un 14,4 % con respecto al 2017, hasta los 3.720 millones de euros, y además los países de la OTAN concentraron el grueso de las exportaciones, de modo que solo 1.174 millones se vendieron a terceros países.
Se redujeron ese año hasta los 144,5 millones -frente a los 249 millones de 2017- las ventas de productos denominados de «doble uso», aquello que pueden llegar a ser desviados a programas de fabricación de armas de destrucción masiva, con China y EEUU como los principales clientes, además de otros 59 países que Méndez no ha detallado.
Sin embargo, en 2019 crecieron hasta los 1.792 millones de euros los envíos con destino a países de fuera de la OTAN, entre ellos los principales a Corea del Sur, Turquía, Australia y Emiratos Árabes Unidos, según ha remarcado la secretaria de Estado.
Ese año la venta de armas de «doble uso» subió hasta los 228 millones de euros, con China, la Guayana Francesa y EEUU como principales receptores.
La secretaria de Estado ha defendido la modificación del Reglamento de Control del comercio exterior de material de defensa, una norma pionera que obliga al comprador a usar las armas dentro de su territorio, a no revenderlas a terceros países sin permiso del Ejecutivo español y a verificar sobre el terreno su destino final.
«Esperamos que redunde en la protección de los Derechos Humanos y que nos garantice construir relaciones de confianza sólida», ha comentado Méndez sobre esta nueva normativa que a su juicio permite agilizar operaciones al tiempo que se dan garantías del uso de los productos.
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