Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses propusieron ayer, por unanimidad, conceder el tercer grado a los nueve líderes independentistas presos, con lo que en principio solo tendrían que acudir al centro penitenciario a dormir entre semana.
Ahora, la propuesta de las juntas de tratamiento debe ser ratificada en un plazo máximo de dos meses por la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para hacerse efectiva.
En declaraciones a TV3 y a Catalunya Ràdio, la consellera ha recalcado que la concesión del tercer grado penitenciario no significa la libertad o una «excarcelación», sino que es una «forma» y una «fórmula» de cumplir las sentencias, prevista en la Ley Orgánica Penitenciaria.
Además, ha señalado que, de acuerdo con la ley la concesión del tercer grado, no está condicionada a la duración de las penas, sino a la «conducta, voluntad y compromiso» de los presos: «No se puede mantener en un grado a un preso cuando es susceptible de estar en un grado superior», ha argumentado Capella.
La consellera, por otro lado, ve «probable» y «previsible» que la Fiscalía recurra la concesión del tercer grado, ya que hasta ahora «lo ha recurrido todo -los permisos y el 100.2-, en cuyo caso sería el Tribunal Supremo el que tendría la última palabra.
Ante esta posibilidad, Capella ha reclamado al Supremo que aplique la «razón del derecho», ya que de lo contrario, ha agregado, se pondría «en riesgo por enésima vez el Estado de derecho».
«Lo que exijo es que el tribunal haga abstracción de las personas y no piense» en los cargos que ostentaban los líderes del ‘procés’, ha subrayado.
En cuanto a si comparecerá en el Parlament como ha pedido Ciudadanos, ha explicado que lo hará de «buen grado»: «Lo explicaré todo de forma transparente, somos transparentes, no tenemos nada que esconder, lo hacemos siguiendo la ley», ha dicho.
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