El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, ha argumentado en primer lugar que Franco no adquirió el Pazo de Meirás porque los posibles títulos de adquisición de 1938 y 1941 «son nulos, el primero por defecto de forma y el segundo por simulación absoluta».
En segundo lugar y ante la inexistencia de título de adquisición por Franco, continúa, quien adquiere el bien por usucapión (adquisición de una propiedad por su posesión continuada) es la Administración General del Estado «por uso continuado para fin público», porque existe afectación del bien al dominio público.
Asimismo, y en tercer lugar, mantiene que los herederos de Franco no han adquirido el dominio sobre el pazo porque «no tienen ningún título válido» y el «bien es intransmisible».
Finalmente y en cuarto lugar, alega que los herederos de Franco no han adquirido el bien por usucapión porque al ingresar el pazo en el dominio público es imprescriptible y la legislación no admite desafectación tácita.
Tampoco hay usucapión ordinaria porque la «simulación absoluta» del 41 es incompatible con esta figura ya que no existiría ni justo título ni buena fe, pues los herederos saben que el título de adquisición no fue una compraventa sino una donación, y dicha simulación absoluta es «incompatible» con posesión como dueño.
Aduce el abogado del Estado que desde 1975, cuando muere Franco, a 1978 se produce una situación «anómala» con respecto al bien que ha definido «de inercia» con respecto a la situación anterior, y se ha referido a que tras el fallecimiento del dictador ningún gobernante se preocupe por el pazo, que pasa a tener una «posesión tolerada» por los Franco.
En definitiva, «esa apariencia generada por el fraude sin duda logró su finalidad» tras el fallecimiento del dictador, situación que empieza a cambiar con movimientos políticos que intentan recuperar la memoria y es entonces, asegura, cuando «se puede intentar desvirtuar ese fraude».
«Ese fraude sí ha ocultado la condición con la que se posee», ha detallado el abogado del Estado, una «posesión viciada que ha impedido la reacción del legítimo propietario» porque «en principio esa apariencia ha desplegado todos sus efectos».
Si la situación no se altera mediante el ejercicio de la acción judicial, la Administración «no tiene más remedio» que actuar en consecuencia y darle tratamiento de propiedad privada.
En cuanto al posible retraso malicioso en el ejercicio de la acción, que ha negado, ha argumentado que el Pazo de Meirás no es un bien cualquiera, ha recordado la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y ha dicho que a partir de determinados «hitos históricos» es cuando empieza a gestarse la posibilidad de ejercicio de esta demanda.
En este proceso es «clave» el Parlamento de Galicia, que en 2018 aprueba una resolución por unanimidad para ejercitar esta acción judicial y «nos preguntamos -ha dicho- si esto pudiera suceder 20 años antes», época en la que Manuel Fraga, que fue ministro con Franco, presidía la Xunta de Galicia.
«En supuestos como este lo justo es que los plazos se pudieran acomodar a momentos históricos a partir de los cuales es posible y razonable el ejercicio de la acción», ha terminado, antes de pedir la estimación de la demanda y reclamar al juzgado «un acto de justicia legal» y «un acto de justicia histórica». «El Pazo de Meirás debe volver a manos públicas», ha apostillado.
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