Con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el instituto armado ha dado a conocer las cifras de unas actuaciones que se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y que se suman al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Un programa que, según recuerda la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado, tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.
En esa conferencia se puso de manifiesto la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo.
Porque esto «tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional», se subrayaba en la conferencia.
A partir de ese momento, la ONU estableció que cada 9 de julio se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las de origen ilícito.
La competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, unas unidades que controlan el acceso legal a las armas,
Para ello, el Reglamento vigente establece unos requisitos, cono no tener antecedentes penales o superar pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.
Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
La inutilización de un arma está regulada desde 2011 por una normativa «muy severa», de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas de la misma y, por tanto, es imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.
Igualmente y de forma periódica, la Guardia Civil lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas.
Algunas de ellas están implicadas en infracciones penales o administrativas y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción,
Otras tienen el mismo fin por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas.
Todo ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de armas cortas, largas y otras destruidas el pasado año por la Guardia Civil y la suma total:
CC.AA. CORTAS LARGAS OTRAS TOTAL
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Andalucía 2.551 9.607 1.399 13.557
Aragón 225 1.475 348 2.048
Asturias 228 823 106 1.157
Baleares 442 1.378 153 1.973
Canarias 785 3.247 2.043 6.075
Cantabria 274 618 813 1.705
C.-La Mancha 252 2.430 498 3.180
C. y León 528 3.116 2.464 6.108
Cataluña 2.139 5.508 2.966 10.613
C. Valenciana 1.577 6.712 4.822 13.111
Extremadura 348 1.532 284 2.164
Galicia 521 2.715 707 3.943
Madrid 1.690 3.604 4.971 10.265
Murcia 852 2.336 285 3.473
Navarra 233 1.409 16 1.658
País Vasco 568 2.342 1.424 4.334
Rioja, La 102 602 150 854
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Ceuta 23 5 196 224
Melilla 84 17 29 130
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Total: 13.422 49.476 23.674 86.572
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