Así se desprende de la resolución firmada por la subsecretaria del Ministerio, María Celsa Nuño, el pasado 6 de junio.
Según la resolución, Alabart se saltó el confinamiento para viajar a España sin permiso del Ministerio pese a que embajadas y consulados recibieron instrucciones de respetar las recomendaciones y directivas sanitarias locales y de que las normas del departamento establecen que a los diplomáticos “no deberán en ningún caso ausentarse del país en que se encuentran destinados sin la oportuna autorización del Ministerio».
En el transcurso de la investigación abierta por Exteriores para aclarar los hechos que llevaron a la pérdida de confianza, el Ministerio entrevistó a mediados de mayo al propio cónsul general, el canciller del consulado, dos trabajadores y a la empleada de servicio jubilada y presunta perjudicada por lo ocurrido.
Así, quedó determinado que tras firmar la jubilación de dos trabajadores de la residencia del cónsul general, se negoció su sustitución por otro matrimonio que se encontraba a mediados de marzo en Madrid y que viajaría a San Sebastián para incorporarse al puesto.
Los trabajadores jubilados, que habían prestado servicio en el consulado general durante 12 años, “fueron forzados a abandonar la Residencia oficial, donde vivían, escasos días después de su jubilación”, que se produjo el 31 de marzo.
Según constató el Ministerio, el 24 de marzo, dos días antes de tener la autorización para incorporar a nuevos trabajadores al consulado general, Alabart y su esposa viajaron a España a recoger al nuevo matrimonio, a quienes hospedaron en el consulado una semana antes de su supuesta incorporación al trabajo.
Exteriores destaca en su informe que la prensa local que publicó lo ocurrido resaltaba que “las normas del confinamiento no parecen ser iguales para todos” y que varios medios digitales españoles se hicieron eco de la noticia “con expresiones como ‘deja en la calle’ o ‘echa a la calle’ en pleno confinamiento”.
Así, la resolución del Ministerio considera que “el hecho de forzar a marcharse de la residencia oficial, donde no faltaba el espacio, en pleno confinamiento a los dos trabajadores ucranianos recién jubilados tras doce años de trabajo, pertenecientes a un grupo de edad vulnerable, ha supuesto un perjuicio a la imagen de España, en general, y al servicio exterior español, en particular, por la falta de humanidad que se desprende de este hecho”.
Por todo ello, la subsecretaria consideró que “han dejado de concurrir las razones, basadas en la confianza e idoneidad para el puesto” que llevaron a la elección de Alabart y resuelve su cese.
El escrito de Exteriores recuerda, por último, que la provisión de puestos de trabajo en el extranjero y ascensos de los funcionarios de la carrera diplomática establece que los diplomáticos “podrán ser removidos discrecionalmente”.
El embajador Alabart ha recurrido su cese por considerar que es «injusto y arbitrario» ya que, a su juicio, el Ministerio de Exteriores no ha tenido en cuenta su versión de los hechos y «se ha parapetado en unos argumentos falsos» para cesar a un funcionario con una larga trayectoria profesional al servicio de España.
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