La iniciativa pretende que el Ejecutivo se comprometa a no eliminar las diputaciones, sino a dotarlas como administraciones «modernas y eficaces», y para ello le emplaza a una reforma de la Ley de Financiación Local en lo que respecta a su financiación.
En concreto, y para buscar una «mayor homogeneidad» entre las cantidades que perciben del Estado, reclama un «fondo mínimo común» que tenga en cuenta el número de municipios menores de 20.000 habitantes a los que tienen que asistir y la «población real» a la que prestan cobertura.
El grupo popular alerta de que pese a que estas instituciones desempeñan un papel «esencial» para los pequeños municipios «hasta el punto de que su supresión abocaría a la desaparición en la práctica de pequeños ayuntamientos», el PSOE ha alcanzado acuerdos con partidos que rechazan su existencia.
Y recuerda que en el último programa electoral socialista se «omitió» cualquier referencia a las diputaciones sin comprometerse con ellas «quizá en previsión de lo que más tarde iba a necesitar en el marco de sus oscuras negociaciones para obtener la Presidencia del Gobierno».
Por ello el PP proclama su decisión de hacer una defensa de su existencia basada en su «anclaje constitucional», su «capacidad para vertebrar España» y su «carácter imprescindible para luchar contra despoblación en los municipios de las provincias aquejadas de este mal».
La moción insta al Gobierno a «reivindicar el valor institucional» de los entes provinciales como «gobiernos intermedios» que contribuyen a esa vertebración y velan «por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos básicos con independencia del lugar donde vivan».
También lo emplaza a «respetar» estas instituciones «para no castigar» a los millones que españoles que viven en pequeños municipios, y en consecuencia a comprometerse con su futuro dándoles financiación de manera que puedan contar «con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia» de las demás Administraciones.
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