El requerimiento previo al recurso contencioso administrativo lo ha enviado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, según ha informado este miércoles su departamento en un comunicado de prensa.
El pasado 20 de febrero la Junta ya aprobó en Consejo de Gobierno iniciar ese requerimiento, aunque sin respuesta alguna al respecto por parte del Ejecutivo central, por lo que ahora «da un paso más previo a la vía judicial».
En la demanda, el consejero de Economía y Hacienda solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades reclamadas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones.
Asimismo, se pide el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones.
Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.
Además, la Junta también reclama que se pague a Castilla y León los intereses legales correspondientes a las cantidades reclamadas.
De no atenderse la petición de la Junta, la Administración de la Comunidad abriría el camino de la vía judicial e iniciaría un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por las cantidades reclamadas.
Las mismas fuentes han incidido en que la pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, «ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación».
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